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OPERACIÓN FUGA
Con la “disciplina del silencio”, como la describió a Proceso un alto representante
del gabinete de seguridad, Joaquín Guzmán Loera operó su fuga sin descuidar el
control de su negocio. En la cárcel de El Altiplano se sabía de sus relaciones y negociaciones
internas y externas y, de acuerdo con información obtenida mediante
la plataforma de Méxicoleaks, se conocieron también los contactos de sus abogados
con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades estaban al
tanto de sus planes a detalle, pero dejaron actuar al líder del Cártel de Sinaloa. Proceso
buscó el punto de vista de la Segob, a través de su Dirección de Comunicación
Social, pero hasta el cierre de la edición no había contestado.
vas, según las acusaciones en su contra.
El Chapo complementó esa doble operación
con lo que un funcionario del gabinete
de seguridad describió como la “disciplina
del silencio”.
“Bajo perfil”
La actitud “mesurada, de bajo perfil” de la
que dan cuenta los datos obtenidos siguió
a la pretensión inicial del Chapo de buscar
una negociación con las autoridades
para no ser extraditado a Estados Unidos,
donde tiene abiertos por los menos seis
expedientes penales en cortes de California,
Texas, Nueva York, Nueva Hampshire
y Chicago.
La información en torno a Guzmán
Loera en el penal de El Altiplano era extensa.
La tenían la Policía Federal (PF) y la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de
la que depende el Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación
Social (OADPRS). Todas, bajo la tutela
de la Secretaría de Gobernación.
Sus actividades en el penal eran seguidas
y reportadas a las oficinas de la División
de Inteligencia de la PF, en avenida
Constituyentes, en el poniente del Distrito
Federal.
Los agentes federales encargados de su
vigilancia registraron también las numerosas
visitas que recibió, los pactos que logró
establecer para su seguridad en el penal,
sus operaciones desde la cárcel y la tregua
pactada con Los Zetas, o al menos con un
sector de esa organización delictiva. No se
sabe qué se hizo con toda esa información.
El Chapo desplegó un equipo de siete
abogados para su defensa, pero Granados
Flores y Gómez Núñez fueron la clave para
sus operaciones dentro y fuera del penal,
de acuerdo con la información de inteligencia.
A ambos los nombró como sus
defensores el 25 de febrero, cuando tras su
detención anunció que apelaría el primer
auto de formal prisión en su contra por el
cargo de delincuencia organizada en su
variante de delitos contra la salud.
Después sumó a su equipo de litigantes
a Juan Clemente Morales, José Refugio
Rodríguez Núñez, Fernando Botello Becerra,
Juan Pablo Badillo Soto y Héctor Manuel
Rábago Romero.
Cada uno cumplía funciones específicas;
Badillo Soto, por ejemplo, estaba encargado
únicamente de promover amparos
contra la extradición de Guzmán a
Estados Unidos, según informó el propio
abogado a este semanario (Proceso 2022).
Rodríguez Núñez tenía la encomienda
de organizar la “asesoría jurídica” para la
publicación del libro El Ahijado, sobre la vi-
2038 / 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 7