Reconocimiento a 50 y 25 años de Abogacía - LA TOGA

Enero - Marzo 2010
una norma alejada de nuestra realidad social, a
pesar de las diversas reformas que se le han ido
introduciendo en los últimos años en virtud de las
Leyes 2/1988 de 23 de febrero, 3/1990 de 21 de
junio, 10/1992 de 30 de abril, 8/1999 de 6 de abril,
1/2000 de 7 de enero, 51/2003 de 2 de diciembre
y la comentada19/2009 de 23 de noviembre.
Con esta reflexión queremos sumarnos a la
voces que reclaman cada vez con mayor intensidad,
la necesidad de una nueva Ley de Propiedad
Horizontal que recoja toda la experiencia
acumulada durante el medio siglo de vigencia
de la actual norma, cuyas lagunas están siendo
diariamente suplidas por una variada interpretación
jurisprudencial, en muchos casos contradictoria
en función de los diferentes criterios de las
audiencias provinciales y en algunos casos hasta
del Tribunal Supremo, lo que viene generando
una elevada inseguridad jurídica en una materia
de por si muy controvertida por la innumerable
casuística que produce y su acusada tendencia
a la litigiosidad.
Muchos de estos problemas podrían quedar
solventados con una moderna y rigurosa Ley “ad
hoc”, que entre otros aspectos y sin ánimo de
exhaustividad, sustituya los supuestos en los que
actualmente son necesarios los acuerdos por unanimidad
y que provocan innumerables situaciones
de abuso de derecho, por acuerdos con mayoría
cualificada; que dote de personalidad jurídica a
las comunidades de propietarios, evitando con
ello las importantes limitaciones que actualmente
evidencian para operar en el tráfico jurídico; que
defina la forma en la que deben practicarse las
convocatorias y notificaciones a los propietarios;
que desarrolle con claridad el funcionamiento
del procedimiento de equidad previsto para las
situaciones de bloqueo de los acuerdos de las
juntas de propietarios; que elimine la injustificada
Doctrina
falta de legitimación para impugnar los acuerdos
del propietario que no este al día en las cuotas,
por cuanto que supone privación sin precedentes
del derecho a tutela judicial efectiva, todo ello sin
perjuicio de haya que dedicar una especial atención
a los graves problemas de morosidad que
sufren las comunidades incrementados aun mas si
cabe, por la profunda crisis económica en la que
nos encontramos; que aumente el plazo de uno a
tres años de la afección real del inmueble por las
deudas correspondientes a las cuotas comunitarias
en los supuestos de cambio de titularidad; que
dote de un privilegio especial a los créditos de la
comunidad en el procedimiento concursal en el
que se vea inmerso el propietario moroso; que
regule expresamente que el plazo de prescripción
de las deudas comunitarias es de 15 años evitando
la corriente jurisprudencial que amparándose
en el apartado tercero del artículo 1966 del
Código Civil, sostiene que el plazo es de 5 años al
entender que se trata de un pago periódico mensual;
que permita en los procedimientos monitorios
la acumulación de cuotas vencidas con posterioridad
a la presentación de la demanda; que establezca
un régimen de responsabilidad personal
de los órganos de gobierno de las comunidades;
que regule la obligación preceptiva de la grabación
videográfica de las Juntas de Propietarios
evitando con ello cualquier atisbo de subjetividad
y falta de imparcialidad en la redacción de las
actas y finalmente que regule desde una perspectiva
mucho mas exhaustiva, el régimen jurídico de
los complejos inmobiliarios a los que la actual Ley
dedica un único artículo (art. 24) con sus propias
contradicciones y discordancias internas donde
aun se discute si se trata de una disposición de
carácter imperativo o si se configura como una
norma de derecho dispositivo que dota un amplio
margen a la autonomía privada, lo que permite el
nacimiento de numerosas situaciones de conflicto
de intereses.
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