Reconocimiento a 50 y 25 años de Abogacía - LA TOGA

Enero - Marzo 2010
Mesas de Trabajo sobre Derechos Humanos
Jueves 10 de Diciembre de 2009, Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
1. menores extranjeros
Por regla general, los menores no acompañados
no tienen reconocida una asistencia jurídica
independiente e integral desde su detección por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que
le informe de sus derechos y defienda sus intereses.
Esta es decisiva para la protección eficaz de sus
derechos frente a las repatriaciones forzosas que se
venían produciendo con merma de los derechos y
garantías jurídicas de los menores repatriados y en
claro conflicto de intereses con la Administración
tutelante (teniendo especialmente en cuenta la
efectividad del principio de no devolución).
La asistencia letrada es la única forma de
garantizar que las malas prácticas que se están
produciendo por parte de las Administraciones no
se repitan en el futuro. Actualmente se han firmado
dos Convenios de colaboración que garantizan
la defensa jurídica de letrado independiente en
los procedimientos de repatriación (caso de Cantabria)
y en el caso de Guipúzcoa desde que es
puesto a disposición de los servicios sociales de
protección de la Diputación Guipuzcoana. Pero
debemos avanzar y ser más ambiciosos en cuanto a
su extensión a todo el Estado y a su uniformidad de
contenidos. Dicha asistencia letrada debe abarcar
desde el momento de su detección hasta su documentación.
La aplicación y desarrollo de la reciente reforma
de la Ley de Extranjería debe ser una oportunidad
para contemplar la intervención letrada en todos
los procedimientos administrativos y judiciales en los
que esté involucrado un menor no acompañado.
Propuestas o Conclusiones
A. Recomendar a las Autoridades y Administraciones
involucradas en el tratamiento de MENAS a
que se ha de priorizar la condición de menor sobre
la de extranjero en todos lo procedimientos en los
que los menores no acompañados se vean involucrados,
reconociéndose las especiales circunstancias
que rodean su situación para dotarles de todas
las ventajas contenidas en la normativa vigente,
haciendo una interpretación amplia y generosa de
la misma y siempre con respeto y aplicación efectiva
del principio superior del interés del menor. En
todo caso debe garantizarse, por los profesionales y
Administraciones, el derecho a ser oído del menor,
su defensa jurídica independiente de la Administración
actuante y el principio de subsidiariedad
y relativización de las pruebas osteométricas de
determinación de la edad, frente a otros medios de
prueba de la minoría.
Icas
B. Recomendamos la elaboración de un Protocolo
de Atención a los menores extranjeros no
acompañados en el que se contemple la asistencia
profesional multidisciplinar (médicos, psicólogos,
interpretes, mediadores culturales, abogados…etc.)
desde el mismo momento de la localización y de la
primera entrevista, garantizándoles desde el inicio el
derecho a la información sobre sus derechos, sobre
los procedimientos a seguir y sobre qué va a pasar
con su vida en el futuro, en el que deberá tener un
apartado específico el tráfico de menores para la
explotación sexual y laboral.
* Las repatriaciones de MENAS no deben llevarse
a cabo de forma automática, sin un estudio pormenorizado,
sino que se debe localizar a la familia
del menor y realizar un estudio pormenorizado de la
misma desde el prisma del efectivo interés superior
del menor, analizando si con la medida se garantiza
su protección y promoción, así como la continuidad
en su formación educativa y la voluntariedad del
menor, y siempre con la intervención del letrado
del menor.
C. Instar a que La Fiscalía de Menores supervise
que a los menores no acompañados que no son
repatriados y se quedan en territorio español se les
dote de una autorización de residencia, tal y como
reza la legislación, así como que los menores no
acompañados mayores de 16 años que se encuentren
en los centros de reforma juvenil y quieran
trabajar, cuenten con la autorización de trabajo
necesaria para poder hacerlo.
El principio del interés superior del menor exige
una acción más decidida de la Fiscalía de Menores
que vele por la protección de los derechos de estas
personas, supervisando de forma efectiva la acción
de las diferentes administraciones públicas competentes
en la materia.
D. Instar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a
que se garantice el derecho que tiene el menor no
acompañado de solicitar asilo en nuestro país, para
lo cual se le ha de informar de este derecho y se le
ha de facilitar la petición desde el mismo momento
en que es localizado.
E. Debe regularse y garantizarse expresamente
el derecho de asistencia letrada para todas las
cuestiones (administrativas o judiciales) que afecten
al menor en el ámbito jurídico. Independientemente
de la intervención del Ministerio Fiscal,
es necesario procurarle dicha asistencia letrada,
dados los conflictos que surgen entre sus intereses y
la Administración pública. Esta asistencia letrada le
proporcionará un trato más personal y una garantía
en la defensa de sus derechos. Por ello recomendamos
la puesta en marcha de un Convenio para la
Asistencia letrada a menores extranjeros no acom-
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