Reconocimiento a 50 y 25 años de Abogacía - LA TOGA

Enero - Marzo 2010
f.2) En sintonía con lo ocurrido en los ámbitos de
las imposiciones estatal y autonómica --como posteriormente
se verá--, también se dispensará de garantía
cuando el importe del principal de la deuda cuyo
aplazamiento o fraccionamiento se solicite sea inferior
a 18.000 euros.
f.3) Dado el contexto de crisis económica generalizada
en el que nos encontramos actualmente, nuestro
Ayuntamiento ha tenido a bien aumentar los plazos
máximos para abonar la deuda fraccionada, incrementado
los tramos y límites de la siguiente escala:
DEUDA Nº PLAZOS MENSUALES
A partir de 200 € Hasta 12 meses
hasta 1.000 € Hasta 12 meses
De 1.000,01 € hasta 6.000 € Hasta 24 meses
De 6.000,01 € en adelante Hasta 36 meses
f.4) No se resolverá favorablemente la concesión
de aplazamiento o fraccionamiento a personas físicas
cuando los ingresos netos del titular de las deudas
superen, en cómputo anual, 3,75 veces el IPREM para
el año correspondiente a la declaración del impuesto
presentada o de la documentación aportada. Tratándose
de personas jurídicas, tampoco se resolverá favorablemente
dicha concesión cuando los resultados
netos de la empresa sean positivos y superen 3,75 veces
la cantidad adeuda.
f.5) En los supuestos en que el sujeto pasivo se encuentre
en situación de desempleo sin percepción de otros
ingresos, o perciba exclusivamente pensión no contributiva,
la dificultad transitoria de tesorería se entenderá probada,
a los efectos de la concesión del aplazamiento/
fraccionamiento, con la presentación de la documentación
que acredite alguna de estas situaciones.
IX. OTRAS NOVEDADES FISCALES
Resultando imposible hacerse eco de todas y cada
una de las novedades fiscales con que nos recibirá el
año 2010, vamos a resumir algunas de las que pueden
revestir mayor importancia:
a) El Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, sobre
modificación de determinadas obligaciones tributarias
formales y procedimientos de aplicación de los tributos,
de adaptación de la normativa tributaria a las disposiciones
comunitarias y de modificación de otras normas
de contenido tributario, recoge numerosas cuestiones
novedosas: se exonera a los empresarios individuales
de la obligación de presentar la declaración censal
de alta en el Censo de Empresarios cuando utilicen el
Documento Único Electrónico; se especifica el momento
y forma en que los obligados tributarios deben declarar
las cantidades en metálico, tras la presentación del
modelo 347; las entidades crediticias deberán informar
de las cantidades que entreguen o reciban en metálico
por importe superior a 3.000 euros, así como de las
operaciones realizadas por empresarios o profesionales
adheridos al sistema de cobros mediante tarjetas de crédito
o débito cuando el importe neto anual de dichos
cobros exceda de 3.000 euros; se adapta el régimen
de notificaciones al nuevo contexto de la Ley 11/2007
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, regulándose la posible atribución a obligados
Doctrina
tributarios que no sean personas físicas, de una dirección
electrónica a efectos de notificaciones tributarias; etc.
b) El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible,
a que se ha hecho anteriores referencias, pone también
el acento sobre diversas cuestiones o aspectos
tributarios-electrónicos, campo éste en el que se avecinan
numerosos cambios, dado el interés y las posibilidades
que ofrece a las Administraciones Públicas, sobre
todo en materia de notificaciones.
c) Aunque se trate de una medida que ya entró
en vigor en 2009, conviene recordar que la Orden
EHA/1030/2009, de 23 de abril, elevó el límite exento de
la obligación de aportar aval bancario u otra garantía
en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a
18.000 euros. Este límite estaba anteriormente establecido
en 6.000 euros. Ello no sólo va a resultar de aplicación
a las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de
pago de las deudas de derecho público gestionadas
por la AEAT y por otros órganos de la Hacienda Pública
estatal, sino que --además de su aplicación al ámbito
de los tributos locales, según vimos anteriormente al tratar
de la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento
de Sevilla-- también podrá aplicarse a las solicitudes de
aplazamiento y fraccionamiento de las deudas derivadas
de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria
correspondan a las Comunidades Autónomas.
e) Otra “innovación tecnológica”: la Resolución de
10 de julio de 2009 de la Dirección General de la lAEAT
ha establecido el procedimiento para efectuar por
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de crédito, para diligencias de
cuantía igual o inferior a 20.000 euros.
g) Más novedades tecnológicas: la Orden
EHA/2784/2009, de 8 de octubre, ha regulado la posibilidad
de la interposición telemática de las reclamaciones
económico-administrativas.
h) La Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, viene
a aclarar el tratamiento fiscal de la Iglesia Católica a
efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, aclarando que la Santa Sede, la Conferencia
Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones
territoriales, las Ordenes y Congregaciones
Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus
provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente
en el ICIO, para todos aquellos inmuebles que
estén exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
i) También merece ser destacada la aprobación de
diversas normas, relativas al sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas, como son la Ley Orgánica
3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la
LOFCA de 1.980, y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas
normas tributarias, así como las competencias
normativas de las CC.AA.
j) Mediante la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, se
creó la Agencia Tributaria de Andalucía, como ya tuvimos
oportunidad de comentar en su día. La Orden de
18 de diciembre de 2009, de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, establece el 25
de enero de 2010 como fecha de inicio para el ejercicio
de las competencias y funciones que tiene atribuidas la
mencionada Agencia Tributaria de Andalucía.
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