Reconocimiento a 50 y 25 años de Abogacía - LA TOGA

Enero - Marzo 2010
del incidente declarativo, que no exista
una determinación anticipada, patente
e indubitada del carácter extraordinario
de los gastos a reclamar , esto es debe
acudirse a esta vía en las reclamaciones
de gastos fijados de manera genérica en
la sentencia o convenio o de aquellos
otros distintos a los expresamente fijados.
Ya en el III Encuentro de Jueces y
Magistrados de Familia con la Asociación
Española de Abogados de Familia
celebrado en Madrid en octubre de 2008,
se aprobó como conclusión referida a los
gastos extraordinarios, la necesidad de
que en los convenios y en las sentencias,
se especifiquen que gastos están incluidos
en la partida fijada como alimentos, para
evitar reclamaciones futuras de gastos
extraordinarios, que tendrían por exclusión
con tal carácter, a fin de propiciar una
mayor seguridad jurídica, reiterándose en
el IV Encuentro celebrado en Valencia
en noviembre de 2009, si bien, por muy
detallada que sea la relación que hagamos,
siempre será incompleta pues es imposible
prever todas las circunstancias de futuro que
puedan darse en cada familia. No obstante,
la fórmula que se emplea para establecerlos
como más usual es similar a: “Los gastos
extraordinarios que se produzcan en la vida
de los menores, entendiendo por tales los
que tengan carácter excepcional y no sean
previsibles, como los gastos de enfermedad,
prótesis ópticas o dentales, o cualquier otro
gasto sanitario no cubierto por el sistema
público de salud de la Seguridad Social,
serán sufragados por ambos progenitores por
mitad, siempre que medie previa consulta
del progenitor custodio al no custodio sobre
la conveniencia y/o necesidad del gasto
(salvo supuestos excepcionales y urgentes
en que ello no sea posible) y acuerdo
de ambos, o en su defecto, autorización
judicial.
Notificada fehacientemente al no
custodio, por el otro progenitor, la decisión
que pretenda adoptar en relación con el
menor y que comporte la realización de
un gasto extraordinario, recabando de
aquél su consentimiento a la decisión
proyectada, se entenderá tácitamente
prestado el mismo, si en el plazo de diez
días naturales siguientes este último no lo
deniega de forma expresa”, evitándose
muchas ejecuciones si incluimos de
manera clara la fórmula en los convenios
y/o se recogen así en las sentencias.
II. La Audiencia delos menores
El apartado 4º del artículo 770 de la LEC
queda redactado:
“Si el procedimiento fuere contencioso
y se estime necesario de oficio o a petición
del fiscal, partes o miembros del equipo
técnico judicial o del propio menor, se
oirá a los hijos menores o incapacitados si
tuviesen suficiente juicio y, en todo caso,
a los mayores de doce años”. Así pues,
en los procedimientos de mutuo acuerdo,
no será preceptiva la audiencia de los
menores, liberándonos de tener que
llevarlos a presencia judicial, o de excusar
su presencia alegando que están enterados
del procedimiento y están conformes con
el acuerdo, siendo pues el nuevo criterio
similar al regulado en el artículo 92. 6 del
Código Civil.
Dentro del apartado de la Guía de
buenas prácticas para los jueces y
abogados que intervienen en los procesos
de familia, abordadas en el IV Encuentro
de Jueces y Abogados de Familia que
tuvieron lugar en Valencia en noviembre
de 2009, se abordó la audiencia del menor
y se acordó que se procurará no hacer
esperar a los menores y practicar esta
diligencia en lugar adecuado; que el Juez
explique al menor de forma adecuada a
su edad y madurez que será él, como Juez,
quien adopte la decisión y no el niño/a,
siendo recomendable la intervención de
un profesional que coparticipe con el Juez
en la audiencia; debiéndose hacer constar
en todas las resoluciones que afecten a
menores, el modo en que el derecho del
menor se ha concretado, y si no se ha oído,
los motivos de esta omisión.
III. Trámite de conclusiones
No hemos conseguido que la
tramitación de los procedimientos de
familia sea la de los ordinarios, tramitación
que a tantos nos parece más adecuada a
esta materia, y sigue siendo el verbal con
las especialidades existentes, si bien, por
fin, se introduce un apartado segundo al
art. 753, con la siguiente redacción: “ En la
celebración de la vista de juicio verbal en
estos procesos y de la comparecencia a
que se refiere el artículo 771 de la presente
ley, una vez practicadas las pruebas el
Tribunal permitirá a las partes formular
oralmente sus conclusiones, siendo de
aplicación a tal fin lo establecido en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 433”.
Me parece muy acertada y necesaria
esta reforma. Cuantas veces cuando
asistimos a Juzgados que no conocemos,
vamos vendidos sin saber si se nos permitirá
hacer conclusiones para poder valorar
la prueba o no, pues, como en tantas
ocasiones en materia de derecho de
familia, tenemos que estar a expensas del
tan famoso :“depende”.
Doctrina
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