América Latina: La Patria Grande

sariamente las universidades deben dirigir sus acciones
hacia los distintos grupos sociales, organismos civiles,
pequeñas y medianas empresas y organizaciones no gubernamentales.
Una propuesta como ésta no es nueva,
pero parece necesario redoblar el paso y multiplicar las
acciones, particularmente aquellas que provienen de los
planes y programas de estudios.
El tercer aspecto, el relativo a la integración con el
sistema científico y tecnológico, significa que las universidades,
independientemente de sus misiones institucionales,
requieren fortalecer sus capacidades académicas,
contándose entre ellas la investigación y la aplicación de
conocimientos, que a su vez presuponen la formación de
recursos humanos de alto nivel.
Coordinación y regulación. La educación superior ha
crecido enormemente, en matrícula e instituciones. En
los últimos años ha incorporado nuevas actividades y
programas que responden a necesidades y demandas sociales.
No obstante, sus mecanismos de coordinación y de
regulación se han mantenido sin modificación. Actualizarlos
se convierte en una tarea de capital importancia.
Esto significa que la educación superior deberá integrarse
cada vez con mayor vigor como un auténtico sistema. Una
entidad que agrupe a todas las partes y, al mismo tiempo,
permita el desarrollo individual de cada una de sus instituciones,
en función de su propia naturaleza, vocación
y visión. Esto último es particularmente importante para
las que participan del régimen de autonomía.
Una adecuación indispensable es la actualización
de algunas de las disposiciones en vigor, entre ellas la
Ley para la Coordinación de la Educación Superior, al
mismo tiempo que la expedición de algunas nuevas,
como sería el caso de una ley general de educación
superior, una nueva ley de profesiones acorde con los
tiempos y circunstancias actuales, así como una defi-
nición más precisa de las normas laborales dentro de
las universidades públicas autónomas.
Financiamiento.- La dotación de recursos financieros a
las instituciones públicas se relaciona directamente con
el crecimiento económico del país y el fortalecimiento
de las finazas públicas. El presupuesto federal para 2008
contiene ya el monto histórico nunca antes alcanzado en
esta materia: 0.65% del PIB. En el marco de una autentica
distribución de compromisos fiscales, la Federación y
las entidades federativas deberían lograr, en los próximos
cinco años, un acuerdo que les permita poner orden en
esta materia. Una antigua aspiración al respecto es que las
instituciones públicas de educación superior estén suje-
tas a mecanismos estables de financiamiento que vayan
eliminando las disparidades regionales e institucionales.
La ampliación del sistema público de educación superior
deberá realizarse con nuevos recursos, etiquetados para
ese propósito, y por un número de años suficientes para
alcanzar la consolidación respectiva.
3. Colofón. Los cursos de acción que adopten las políticas
públicas en educación superior estarán influidos por
las cuatro cuestiones cruciales ya abordadas. El subsistema
ha pasado por una integración y desarrollo graduales
cuyo ritmo es ya insuficiente para los tiempos venideros.
Los actuales desafíos para el desarrollo de la educación
superior no sólo son de dinero, esencialmente tienen que
ver con soluciones más imaginativas y, simultáneamente,
más específicas que permitan hacer frente a las nuevas
circunstancias del entorno. a
Profesor universitario, ex Rector de la Unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana,
ex Secretario general ejecutivo de la ANUIES
y Premio Anual de Administración Pública (INAP).
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