América Latina: La Patria Grande

Desde entonces, cada nueva administración
procuraría presumir sus “logros” en cuanto a “la reducción
y privatización” de nuestras empresas públicas.
A finales del sexenio de Miguel de la Madrid
se anunció que se había conseguido disminuir en
50% el número de entidades paraestatales existentes
hasta entonces. Durante el periodo de Carlos Salinas
se informó que el sector paraestatal había reducido
su número en otro 25%, incluyendo la privatización
de los bancos nacionalizados por la administración
de López Portillo, así como de Teléfonos de México
y diversas empresas siderúrgicas de participación
estatal. Por su parte, el Presidente Ernesto Zedillo
llevó al cabo la privatización de varias empresas públicas
durante su sexenio, entre ellas Ferrocarriles
Nacionales de México. Y en la administración de Vicente
Fox se habló mucho de la posible privatización
de Pemex y de la CFE, pero el Congreso de la Unión,
en el cual su partido ya no tenía la mayoría, no lo
habría permitido.
el nuevo modelo internacional recomendaba
una radical reducción de la participación
del estado como principal agente promotor del
desarrollo nacional, en aras de incrementar y dar
toda la libertad posible a “las fuerzas del mercado”.
A decir de Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda
y Crédito Público, pareciera que, en materia de
seguimiento de los modelos que a nivel internacional
se han recomendado como los más adecuados en los
últimos 50 años, los responsables del Ejecutivo Federal
no han seguido la sugerencia que hace 25 siglos formuló
Aristóteles en torno de la conveniencia de actuar
prudentemente en el “justo medio” de las cosas. Lo que
ha prevalecido entre nosotros es la tendencia a irnos
siempre a los extremos. Así, hemos basculado de la intervención
y participación protagónica del Estado en la
economía, con miras a fomentar el desarrollo a partir
de los años treinta, al extremo contrario, el que pugna
por un “Estado mínimo”, como ha ocurrido durante las
últimas dos décadas.
No deja de resultar paradójico que, a finales de los
años noventa, el propio Banco Mundial haya advertido
de los problemas que se han creado en los países que
han reducido al mínimo la intervención del Estado en
la regulación de sus procesos económicos, al grado de
poner en peligro la existencia misma de una saludable
economía de mercado, con la consecuente apari-
ción de monopolios privados (nacionales y extranjeros),
el aumento de las disparidades económicas, del
desempleo y de la pobreza en grandes sectores de la
población. Resulta igualmente inquietante que varios
países que hace 20 años estaban a la par que México o
aún más abajo en sus índices de desarrollo (como los
casos de India, Corea del Sur y China, por ejemplo),
hoy se encuentran por encima del nivel alcanzado por
nosotros. ¿Cuál ha sido su “secreto”? Algo muy simple:
haberse mantenido alejados de los extremos en el
cumplimiento de las recomendaciones de los organismos
financieros internacionales, particularmente en
torno de reducir al mínimo la participación del Estado
en el desarrollo en sus respectivas economías. En
cambio, los gobiernos de esos tres países han sabido
apoyar diversos sectores básicos de sus economías nacionales,
lo que les ha permitido insertarse de manera
más competitiva en el mundo globalizado en que vivimos
hoy día. Los tres han sabido encontrar respuestas
más sensatas, y nacionalistas, frente a los modelos
recomendados mecánica y acríticamente
por las instituciones financieras interna-
cionales, en las que, por obvias razones,
predominan los intereses de los países
más desarrollados, que se dan el lujo de
recomendar a los demás soluciones genéricas
que ellos son los primeros en no
cumplir cabalmente.
Confiamos en que este breve repaso
de la historia reciente de nuestra administración
pública en los últimos 50
años, así como del pendulante papel que en este lapso
ha correspondido al Estado en la promoción del desarrollo
económico y social, coadyuve a ponderar qué
le conviene a México y a los mexicanos en los próximos
6, 12 y 25 años, los horizontes más utilizados
para analizar lo que debería intentarse en el futuro
cercano. Conviene que todos seamos más participativos
en el análisis y discusión de este tipo de asuntos,
y que, en su caso, apoyemos aquellas decisiones que
resulten más útiles para el bienestar del conjunto de
la población del país. Para aquellos que piensan que
el Estado mexicano debe recuperar la responsabilidad
de promover y regular el desarrollo integral del país,
así como apoyar a aquellos sectores que puedan contribuir
a insertarnos competitivamente en la economía
global en la que ahora vivimos, les tenemos una
buena noticia: para lograrlo no tendría que cambiarse
una sola coma o una tilde de nuestra ley fundamental,
la Constitución Política, sólo se requeriría que nos
decidiéramos a darle cumplimiento. a
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP)
44-47.indd 4 12/11/07 1:33:35 PM
47