América Latina: La Patria Grande

so y un tremendamente agitado movimiento laboral
en sus manos, fue testigo de cómo sus políticas de
estabilización económica se derrumbaban una tras
otra, en la medida en que intentaba en vano llenar la
brecha entre los estándares establecidos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y las demandas de los
grupos nacionales.
Con su figura derrumbándose y rumores de
un golpe militar, el Presidente finalmente aceptó un
acuerdo mediado por la Iglesia católica, bajo el cual
el Congreso adelantó las elecciones presidenciales un
año, acortando así su mandato.
En 1989, los observadores de la política brasileña
se sorprendieron al ver que un oscuro gobernador
provincial de nombre Fernando Collor de Mello lograba
conjuntar su simpatía, galanura y un inteligente
mensaje “antipolítico” en los medios de comunicación
para obtener 28.5% en la primera ronda de votaciones
y finalmente ganar las elecciones. Collor, cuyo partido
sólo obtuvo 5% de los escaños en el Congreso, pronto
alejó a los partidos más antiguos. Los movimientos del
Congreso para limitar sus poderes, más una debilitada
economía devastada por la inflación, lo obligaron,
muy a su pesar, a expandir su coalición
legislativa. Sin embargo, antes de que pudiera
llegar muy lejos, un escándalo de corrupción
provocó su desafuero y renuncia en 1992.
Carlos Andrés Pérez, de Venezuela
(1989-1993), fue excepcional en el sentido
de que tanto él como su partido ganaron la
mayoría en las elecciones. Pérez había sido
testigo de una sólida economía durante su gobierno
anterior, a finales de 1970, y también
del tambaleo de las personas debido a los efectos de los
precios del petróleo decrecientes sobre una economía
venezolana dependiente del hidrocarburo, con la esperanza
de que mejorara la situación. Enfrentándose a
crecientes déficit presupuestales y presiones inflacionarias,
Pérez rápidamente aplicó el paquete de austeridad
aprobado por el FMI, que incluía el alza en los precios
de los combustibles. El resultado fue un descontento tan
violento y generalizado, que Pérez tuvo que imponer
la ley marcial. En octubre de 1991, perdió terreno en
las elecciones internas de su partido. Al año siguiente,
dos levantamientos militares sin precedente (el coronel
del ejército y futuro Presidente Hugo Chávez encabezó
el primero de ellos) dejaron un saldo de 120 muertos.
Conforme el partido de Pérez lo abandonaba entre acusaciones
de que había desviado partidas presidenciales
secretas, fracasaron sus esfuerzos para obtener el apoyo
de un ala disidente del principal partido de oposición y
se enfrentó a su desafuero y a la expulsión de su cargo
en diciembre de 1993.
¿un sistema con Fallas?
En el estudio de las presidencias fallidas, la primera de
ellas proviene de la presión que el Presidente y otros
funcionarios pueden sentir por los movimientos de
protesta que buscan soluciones concretas a problemas
reales. Esto es algo que no es nada nuevo en América
Latina, en donde el Estado y el Presidente que lo
encabeza tienden a ser vistos como la fuente de todo
el poder y como el portador de la responsabilidad en
última instancia. En muchos casos, los costos políticos
que se derivan de políticas aprobadas por el FMI constituyen
un tema muy importante. Efectivamente, no
sólo los presidentes Mahaud y Pérez, sino Fernando
de la Rúa, de Argentina (quien dejó el cargo en diciembre
de 2001), y Gonzalo Sánchez de Lozada, de
Bolivia (quien se vio obligado a salir por las violentas
manifestaciones de octubre de 2003), sintieron el aguijón
de las protestas contra las medidas de austeridad
que cada uno de ellos había adoptado para estabilizar
una economía nacional en problemas. Y, sin embargo,
es cierto también que hubo presidentes que evitaron
tomar medidas fuertes por temor a las manifestaciones
populares (este grupo incluye a Collor
de Mello, Siles Zuazo y Serrano, así como
a Raúl Alfonsín, de Argentina, y a Abadalá
Bucaram, de Ecuador) pero pagaron el precio
de su relativa falta de acción conforme
las divisas nacionales se derrumbaban y la
inflación se salía de control.
Las protestas pueden tener como resultado
que los presidentes se enfrenten a
un dilema. Las manifestaciones sin ningún
control pueden salirse de los límites, pero
el uso de la fuerza en contra de ellas puede revertirse.
La personalización de la autoridad en la figura del
Presidente añade una dimensión particularmente sorprendente.
Las fallas del gobierno se ven no como el
fracaso de un partido o de un movimiento, sino como
fallas del jefe del Ejecutivo mismo.
En los sistemas presidenciales, una crisis dejará
de ser acerca de problemas específicos y su solución,
para volverse más bien una cuestión de si el jefe del
Ejecutivo debe irse. La policía y los militares, temiendo
que se les relacione con un líder impopular o desacreditado,
pueden reaccionar de manera tibia ante las
amenazas contra el orden público. Si el descontento
se incrementa, el Presidente, con un periodo de gobierno
fijo, quizás encuentre su posición cada vez más
insostenible, sin una estrategia de salida hecha para
lograr la disolución del parlamento y convocar a nuevas
elecciones, como sería la solución en un régimen
con un primer ministro. Es posible que las presiones
provenientes de las calles (con la preocupante posi-
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