América Latina: La Patria Grande

el petróleo y los demás hidrocarburos del subsuelo,
hecho aceptado ya como parte fundamental de nuestra
historia e identidad nacionales. Se habían creado
también organismos públicos como Nacional Financiera
(1934), en su carácter de banco de desarrollo, así
como otras importantes empresas estatales, entre las
que cabe señalar a la Comisión Federal de Electricidad
(1937), Pemex (1938) y Ferrocarriles Nacionales
de México (1940).
Al iniciarse el primer periodo de seis años de las
administraciones post revolucionarias, el Partido Nacional
Revolucionario (PNR), antecesor del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), había propuesto un
“plan sexenal” a su candidato a la Presidencia, Lázaro
Cárdenas. Y el que le sucedió, el Partido de la Revolución
Mexicana (PRM), elaboró a su vez un segundo
“plan sexenal” para el periodo de Manuel Ávila Camacho,
que la guerra mundial volvió inviable. No fue sino
hasta 1958, al inicio de la administración de Adolfo
López Mateos, cuando se creó una nueva dependencia
del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Presidencia, encargada
de elaborar planes de desarrollo para el país en
su conjunto, así como de estudiar las modificaciones o
reformas que para ese propósito requiriera la administración
pública.
A finales de los cincuenta, ni en México ni en muchos
otros países en desarrollo se habían alcanzado los
ambiciosos resultados previstos al inicio de esa década.
Por ello, la ONU decidió designar ese periodo como la
“Primera Década del Desarrollo” de las Naciones Unidas.
Se partía del convencimiento de que los problemas
no radicaban tanto en la calidad de los planes de desarrollo
elaborados por los distintos gobiernos durante
ese periodo, como en la incapacidad de sus administraciones
públicas para llevarlos al cabo con la eficacia y la
eficiencia deseables. La receta internacional más generalizada
al inicio de dicho periodo consistió en poner
en marcha programas de reforma administrativa para
garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo
que deberían elaborarse a nivel nacional.
México fue uno de los países que cumplieron puntualmente
con dicha recomendación. Y fue así como,
en 1965, la Secretaría de la Presidencia constituyó la
Comisión de Administración Pública (CAP), la cual
tuvo a su cargo elaborar un diagnóstico integral para
una reforma administrativa del Ejecutivo Federal, publicado
a finales de 1967. Pero los sucesos de octubre de
1968 cambiaron las prioridades del gobierno del Presidente
Díaz Ordaz. La reforma a fondo de la estructura y
funcionamiento de la administración pública habría de
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