América Latina: La Patria Grande

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economía
posponerse para el siguiente sexenio. Sin embargo, las
condiciones políticas bajo las cuales se inició el gobierno
de Luis Echeverría, que coincidió con el principio de la
“segunda década del desarrollo de la ONU”, impidieron
que se pusiesen en marcha las recomendaciones de la
CAP de 1967 y sólo se instrumentaron programas de
reforma “microadministrativa”, para elevar la eficiencia
de cada dependencia y organismo descentralizado con
base en los trabajos de las Unidades de Organización y
Métodos y las Unidades de Programación creadas por
acuerdo presidencial en 1971.
No fue sino hasta finales de 1976, al inicio del gobierno
de José López Portillo, que, con base en el diagnóstico
y recomendaciones de la CAP de la década anterior,
se promulgó la primera Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. En ella se establecieron las
primeras reglas generales para la coordinación sectorial
de las llamadas “entidades paraestatales” (organismos
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
públicos) y se institucionalizó el concepto de
dependencias “globalizadoras”, como las Secretarías de
Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito
Público, de las cuales aún subsiste como tal esta última,
así como la actual Secretaría de la Función Pública, creada
hace 25 años bajo la denominación de Secretaría de la
Contraloría General de la Federación. Dio inicio entonces
el proceso de depuración de las entidades que integran
el ámbito paraestatal de la administración pública
federal, con miras a garantizar una más eficaz y eficiente
operación del gobierno en su conjunto.
Debe decirse que, en los primeros años de la administración
de Miguel de la Madrid, los cuales coincidieron
con el inicio de la “Tercera Década del Desarrollo
de la ONU”, culminó la institucionalización del Modelo
de la Planeación del Desarrollo a cargo del Estado, recomendado
en los años cincuenta, al elevarse a rango
constitucional el Sistema Nacional de Planeación Democrática
mediante la reforma a los artículos 25, 26, 28
y 73 de la Carta Magna, así como con la promulgación
de la Primera Ley de Planeación, que continúan legalmente
vigentes. Sin embargo, la crisis mundial generada
por el alza de las tasas de interés de la deuda pública
y la caída de los precios del petróleo a principios de
los ochenta obligaron a esa administración a aceptar, a
partir de 1984, las recomendaciones para establecer un
nuevo modelo del desarrollo, planteados por diversos
organismos financieros internacionales al inicio de esa
década. Ello dio lugar a lo que el propio Presidente De la
Madrid denominó en sus memorias el Cambio de Rumbo
del país, en términos del esquema de desarrollo seguido
por México hasta ese momento.
El nuevo modelo internacional recomendaba una
radical reducción de la participación del Estado como
principal agente promotor del desarrollo nacional,
en aras de incrementar y dar toda la libertad posible
a “las fuerzas del mercado” que, se pensaba en esos
años, eran las únicas capaces de garantizar el crecimiento
económico de los países “de menor desarrollo
relativo” ante “el fracaso de los intentos por convertir
al Estado en el principal motor del desarrollo de sus
economías”, como había sido el caso en las tres décadas
anteriores. Se argumentaba entonces que no sólo
se había demostrado la ineficiencia del aparato estatal
para cumplir con este objetivo, sino que se había propiciado
la corrupción en gran escala, se había producido
un despilfarro injustificado de recursos públicos y se
habían generado enormes déficit fiscales que habían
contribuido a incrementar el monto de la deuda pública
hasta hacerla prácticamente impagable en un buen
número de casos.
Los responsables del Ejecutivo federal de nuestro
país durante los últimos tres sexenios demostraron
nuevamente al mundo la diligencia con la cual los gobiernos
mexicanos han atendido las recomendaciones
de los organismos internacionales, las del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional, sobre
todo cuando el cumplimiento puntual de dichas recomendaciones
fue convertido en requisito sine qua non
para obtener los préstamos que se requerían para cubrir
nuestra crecida deuda pública y renegociar mejores
condiciones para pagarla. Ya para la segunda mitad
del sexenio de Miguel de la Madrid, nuestro país fue
nuevamente puesto de ejemplo a nivel internacional,
pero ahora como esforzado paladín de programas de
reducción radical de la participación estatal en la economía
nacional.
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