armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica

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ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA
Falta la integración SIGMA/SINARM
Por ello, desde que Viva Rio, hace siete años, concluyó que la diseminación de armas de
fuego era un aspecto secundario, pero esencial, para explicar la explosión de violencia armada
que afecta Río de janeiro, pasamos a dar prioridad a la producción de una base de datos sobre
armas. Y llevamos esta óptica al Parlamento, que al votar el Estatuto de Desarme instituyó como
“corazón” de la nueva ley la fusión de los dos bancos de datos existentes, el SIGMA, del Ejército,
y el SINARM, de la Policía Federal, y su perfeccionamiento. Como ya explicamos en “Armas de
Fuego en Brasil”, es esencial que el Ejército alimente el SINARM con su información sobre armas,
para que la Policía Federal pueda promover el rastreo como política constante en Brasil.
Se hicieron inversiones en la compatibilización de los dos sistemas y en su perfeccionamiento.
Pero varios testimonios de policías a la CPI desvelaron que el Directorio de Fiscalización de
Productos Controlados (DFPC) resiste en unificar ambos sistemas, pasados 3 años de promulgada
la nueva ley, que dio a la DFPC un plazo de un año para promover la unificación. Éste es un
hecho grave, resultado de un corporativismo y de una arrogancia militar que ya no tienen lugar
en la democracia. Se trata de una recusa a cumplir la ley, que determina la integración de los
sistemas. La CPI, en su conclusión, debe dar importancia a esta denuncia, y debe exigir medidas
rigurosas del gobierno para el encuadramiento de estos sectores militares que escapan a la disciplina,
y dificultan el trabajo de la Policía Federal en la represión a los desvíos de armamento.
Otro hecho desvelado en la CPI, admitido por el propio general director de la DFPC, es que el
SIGMA, que por ley debería reunir toda la información sobre armas de las tres Fuerzas Armadas,
cuenta solamente con datos del Ejército, ya que la Fuerza Aérea y la Marina siempre se reusan
a compartir su información. Una demostración más de cómo subsisten sectores militares afectos
a un corporativismo obsoleto, en falta de respeto a las instituciones democráticas republicanas, y
en perjuicio de una política de seguridad pública.
Otros obstáculos institucionales a la producción de información
Observando el comportamiento del Estado durante esos años de investigación, observaciones
profundizadas con el acceso de la CPI a los meandros del Estado y del tráfico de armas y del
crimen organizado, se consolidó entre nosotros la visión de que por lo general las instituciones
que tratan con armas y municiones no colaboran con la policía en la investigación del desvío de
esos productos al mercado ilícito.
Diversos testimonios en la CPI de jefes de policía confirmaron que los fabricantes se recusan
a darles información sobre armas vendidas, para que puedan desbaratar las cuadrillas de
tráfico de armas; el sector Judicial no suministra la autorización, o es demasiado lento en ese
procedimiento, para que se preste esa información; y las policías de los Estados brasileños, que
con la nueva ley perdieron el poder de administrar la información sobre armas incautadas, se reusan
a cumplir la ley, y no envían los datos al SINARM, el banco de datos de la Policía Federal.
De los 26 Estados, más el Distrito Federal, a los que solicitamos que enviaran a la CPI
información sobre armas incautadas por sus Secretarías de Seguridad, sólo 6 respondieron: 7
con informaciones aceptables, en términos de calidad (en orden decreciente de calidad: Río de
janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Bahia, Río Grande do Sul, Mato Grosso do Sul y Goiás); y 9
con información irregular (Rondônia, Paraná, Amapá, Santa Catarina, Roraima, Acre, Amazonas,
Tocantins y Pernambuco). 2 Estados ni siquiera respondieron a la CPI, desobedeciendo la ley.
En otras palabras, el problema no está sólo en la falta de integración entre los niveles estadual
y federal, pero también en el deseo de monopolizar la información como moneda política,