armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica

ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA
y posteriormente asociado a la consecución de ciertas ventajas arancelarias en el marco de los
acuerdos ATPDEA.
Adam Isacson (2005) señala que Estados Unidos transfi rió hacia América Latina en programas
antidroga más de 2.737 millones de dólares entre 1997 – 2002. Sin contar paquetes especiales
como el Plan Colombia la asistencia estadounidense en 2000 fue de 117 millones de dólares, monto
que aparecería como exagerado, sino tuviera que compararse con los 1,97 billones de dólares
gastados en ese mismo rubro desde la implementación del Plan Colombia. Adicionalmente, Rachel
Neild (2005) apunta que el presupuesto para América Latina del Buró Antinarcóticos estadounidense
del Departamento de Estado en 2003 fue de 721 millones de dólares, de los cuales la mayoría
se destinaron a tareas de interdicción.
¿Cuáles han sido los efectos de esta gigantesca asistencia internacional? En relación con las
armas pequeñas y ligeras, se puede afi rmar que se ha impulsado una suerte de “burocratización
de la violencia” (armada), entendida como el uso habitual y sistemático de la fuerza represiva del
Estado, la misma que se justifi ca por una supuesta confrontación entre Estado y sociedad o ciertos
sectores de la misma involucrados en procesos de reorganización de la fi gura del “anti-social”. La
delincuencia, en especial aquella articulada a la industria del narcotráfi co, se ha convertido en el
chivo expiatorio de una política antidroga ajena a los diagnósticos propios, intereses y problemas
reales de los países de la región Andina.
Este hecho se traduce en dos procesos interrelacionados. Por un lado, la construcción de
“Estados de Seguridad” o “Estados Policiales” con una progresiva vocación autoritaria, legitimada
mediante diversos procedimientos que incluyen la permanente movilización y controles policiales
omnipresentes, el énfasis de los medios de comunicación social en los problemas de seguridad, y
la subsecuente construcción de percepciones que legitiman una creciente actitud represiva –por
una parte- y que por otra impulsan la noción de la autodefensa (armada) como un mecanismo
necesario para la consecución de una supuestamente elusiva seguridad, búsqueda necesaria, ya
que el estado además han dejado de producir y administrar, en sentido positivo, aquellos “problemas
sociales” que en la “época del bienestar” eran fundamentales, como la salud, la educación, la
vivienda y la seguridad social.
Lo anterior se asocia a los efectos destructivos de las políticas de ajuste estructural sobre
la capacidad del estado de amainar los efectos más evidentes de las enormes asimetrías en la
distribución de recursos y acceso a bienes y servicios en los países andinos en particular y Latinoamérica
en general. Por otro lado, el crecimiento sostenido de sectores marginados o excluidos
del mercado laboral que pone en riesgo a dichos sectores frente a una posible articulación a
organizaciones narcotrafi cantes, las cuales también se han armado desproporcionadamente los
últimos veinte años, en una suerte de carrera armamentista de nuevo cuño, producto a su vez del
desarrollo y despliegue de los mercados internos de siciotrópicos, a más del tráfi co internacional
de sustancias sicoactivas.
En segundo lugar, está el tema del mal uso de armas pequeñas y ligeras por parte de actores
armados después de la terminación “ofi cial” de los confl ictos de la época de la guerra fría. Esta
problemática está presente en Perú, pero tiene implicaciones teórico-prácticas en países que atravieses
confl ictos armados (Colombia) o aquellos con graves procesos de confl ictividad política y
social que abren la posibilidad de potenciales confl ictos armados. (Bolivia y Venezuela), más aún
cuando los Estados Unidos perciben como amenaza cierta el desarrollo de los denominados populismos
radicales 9 en la región, fruto de procesos democráticos electorales que han llevado al poder
9 “The security picture in Latin America and the Caribbean has grown more complex over the past year. Colombia’s
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