armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica

ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA
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blo, con el fin de que sean auditados sus procesos de transferencia, resguardo y eliminación de
armamentos. Pareciera que en la medida en que se garantiza el acceso a la información, paralelamente
se mejoran las capacidades del Estado para dimensionar y regular de mejor forma aspectos
tan complejos como la proliferación ilícita de armas. Por ejemplo, en Costa Rica el control policial
y la facilidad para obtener datos de las diversas agencias vinculadas con el tema, favorece la
implementación de acciones reticulares más efectivas que involucran más actores en el control de
las armas. Esto se hace palpable en el reducido índice de armas ilegales, en comparación con el
resto de la región.
Si bien se reconoce el problema que representa la violencia por armas pequeñas y livianas,
no existen políticas públicas que articulen instituciones y acciones sobre la base de estrategias
más amplias de seguridad con plazos de implementación que sobrepasen el corto y mediano
plazo. Las acciones hechas por los gobiernos generalmente apuntan a incautaciones de armas en
carreteras nacionales y zonas urbanas, como parte de operativos policiales dirigidos esencialmente
a reducir la circulación ilegal de armas, como paliativo de la violencia, sin entrar a atender de
manera integral el fenómeno en cuestión. Estas debilidades institucionales se traducen en escasa
importancia política y administrativa a la formación de expertiz técnica en funcionarios y unidades
para su correcto abordaje al tema.
Dos temas adicionales son la porosidad de las fronteras y las redes de condescendencia que
se tejen alrededor del tráfico y venta ilegal de armas. La vulnerabilidad de las fronteras es otro
tema de atención que requiere acciones inmediatas, dado que su alta porosidad las convierte en
rutas estratégicas para el trasiego de diferentes ilícitos, normalmente relacionados con el crimen
organizado. La internacionalización del crimen y de sus estructuras organizacionales representa
no sólo un problema para la seguridad de los territorios nacionales, sino una amenaza que podría
alterar la gobernabilidad y estabilidad democrática de la región.
De la mano de estas tareas, resulta fundamental atacar las redes de corrupción que alcanzan
las oficinas de control y que inevitablemente operan en contra de la acción efectiva del Estado.
Estas redes han alcanzado dimensiones que involucran a funcionarios de todos los niveles jerárquicos
de la administración del Estado.
Hay mecanismos que son referentes para las acciones del Estado, pero necesitan ser asumidos
y concretados por los gobiernos nacionales: el CIFTA y el Tratado Marco de Seguridad son
alguno de ellos, pero se constata mucha falta de formación de funcionarios y no existen políticas
precisas. Espacios como la Asociación de Jefes de Policía Centroamericana o el Sistema de Integración
puede ser algunos de los vehículos desde los cuales pueden generarse procesos formativos
y de creación de políticas públicas específicas.
c. Privatización de la seguridad:
Si el control sobre el mercado licito e ilícito de las armas conlleva dificultades para asegurar el
cumplimiento de la ley y brindar zonas seguras ausentes de violencia con armas de fuego; la regulación
de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad pone al desnudo la
debilidad institucional y precaria voluntad política de actualizar y mejorar la implementación de las
obligaciones asociadas a esta actividad. En el caso de Guatemala, el número de agentes privados
cuadruplica a las fuerzas policiales. La unidad de seguimiento y supervisión de la PNC cuenta con
un número reducido de efectivos que a duras penas pueden dar seguimiento a las autorizaciones
de nuevas empresas.