armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica

ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA
Nota: Las cifras de 2003, 2004 y 2005 se proyectaron de acuerdo con el comportamiento de
las muertes por armas de fuego de la Policía Nacional y el INML, con base en cifras del DANE.
La violencia, resultante de un prolongado confl icto armado y de la delincuencia común y la organizada,
ha cobrado la vida de más de 475.000 civiles y combatientes desde 1979 —casi 17.600
por año— es decir, una crisis de seguridad humana de una gran dimensión en donde a pesar de
la gran heterogeneidad en la naturaleza de los homicidios, hay un factor determinante: las armas
de fuego. Gráfi ca 2. Más del 80% de los homicidios cometidos en Colombia desde fi nales de los
años 70, se han efectuado con armas de fuego; más aún, este porcentaje se ha incrementado de
manera sostenida, de alrededor de 60% en los años 80 hasta más de 85% en 2002. Para el año
2002, más del 15% de todas las muertes fueron con armas de fuego.
A pesar de que Colombia es el país del continente americano con las más severas consecuencias
relacionadas con el confl icto armado, los análisis indican que el 80% de los homicidios cometidos
en todo el país fueron asociados con actos de criminalidad y delincuencia urbana y no por el
confl icto armado. El mismo análisis determinó que el 80% de todos los homicidios con armas de
fuego en Colombia fueron cometidos con armas cortas de calibres 0.32, 0.38 y 9mm y no con rifl es
de asalto. Esto indica que el problema en Colombia es más amplio que el confl icto armado. La
violencia criminal ha tenido consecuencias todavía más graves que el impacto devastador sobre la
seguridad humana del confl icto armado. Más de 400.000 civiles han perecido como resultado de la
violencia criminal desde 1988, la gran mayoría por de armas de fuego pequeñas y ligeras. REF
Si bien tanto el confl icto como la violencia criminal constituyen amenazas muy reales para la
seguridad humana, la preocupación internacional se ha concentrado desproporcionadamente en el
primero. El confl icto colombiano se ha caracterizado como un “enfrentamiento de baja intensidad”
por el poder político (Restrepo et al., 2004, p. 398). A diferencia de otras guerras en África, el Sur
y el Sureste asiáticos o Europa, este confl icto no está impulsado por factores regionales, étnicos
o religiosos evidentes, se pudiera decir que esta motivado por una competencia económica por el
dominio de narcotráfi co.
A pesar de contar con un alto nivel de capacidad frente al tema de las armas pequeñas en sus
ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior – (quienes han participado activamente en
el desarrollo de mecanismos multilaterales en la OEA y ONU)- Colombia no ha ratifi cado el tratado
legalmente vinculante contra el tráfi co ilegal de armas de fuego con la adopción de la Convención
Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfi co de Armas de Fuego, municiones, explosivos y
Otros Materiales Relacionados (CIFTA) ni fi rmado el Protocolo de la ONU. Todo esto es comprensible
debido a la situación por la que atraviesa el país, pero resulta sorprendente a la vez porque
la Conferencia de la ONU 2001 fue presidida por el embajador colombiano Camilo Reyes, una
persona que se ha comprometido de una manera signifi cativa con la lucha internacional contra el
tráfi co de armas pequeñas. Actualmente, Colombia participa en el Grupo de Expertos de la ONU
sobre el marcaje y rastreo.
La mayor parte de las armas que circulan en el país son ilegales y no están registradas. El
número de armas en manos de los particulares, legal e ilegalmente, (sin contar las de las fuerzas
de seguridad del Estado) está entre 2,3 millones y 3,9 millones, lo que da una tasa de posesión de
armas entre 5,05 y 8,42 por cada 100 habitantes. Las estadísticas ofi ciales reportan apenas 1,53
armas de fuego legales por cada 100 habitantes, una tasa baja en comparación con otros países
latinoamericanos.
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