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armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica

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ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA<br />

al mercado ilícito en el Cono Sur, gracias a <strong>la</strong> cooperación de autoridades brasileras, argentinas y<br />

estadounidenses.<br />

El caso chileno se desmarca positivamente del resto de <strong>la</strong> subregión. Aún con asuntos<br />

pendientes en materia de control de tráfi co de <strong>armas</strong>, seguimiento y coordinación institucional, los<br />

problemas de in<strong>seguridad</strong> no alcanzan <strong>la</strong>s cifras que registran los demás países de <strong>la</strong> subregión.<br />

Sin embargo, eso no obsta para que <strong>la</strong> percepción de in<strong>seguridad</strong> exceda <strong>la</strong> situación real. Este<br />

país experimenta desde 1995 <strong>una</strong> tendencia creciente en <strong>la</strong> comisión de delitos contra <strong>la</strong>s personas<br />

y <strong>la</strong> propiedad, que tiende a adoptar un comportamiento más acelerado luego del año 2000. Sin<br />

embargo, en el mismo periodo se observa <strong>una</strong> baja sustantiva en <strong>la</strong> inscripción de <strong>armas</strong> de fuego, <strong>la</strong><br />

cual pasa de 22.017 en 1995 a 8.689 en 2004, según <strong>la</strong> Dirección General de Movilización Nacional.<br />

Este hecho puede dar cuenta de que en este país <strong>la</strong> mayor cantidad de homicidios y lesiones se<br />

produce con arma b<strong>la</strong>nca.<br />

Una hipótesis al respecto es <strong>la</strong>s <strong>armas</strong> son poseídas principalmente por personas con<br />

nivel socioeconómico alto, lo cual supone que muchas de estas <strong>armas</strong> no median en situaciones<br />

de violencia principalmente urbana, sino que son adquiridas para <strong>la</strong> <strong>seguridad</strong> personal o del hogar<br />

(Según <strong>la</strong> DGMN, un 43% de <strong>la</strong>s <strong>armas</strong> son inscritas con ese propósito). Así, sólo <strong>una</strong> cuarta parte<br />

de los homicidios se produce con <strong>armas</strong> de fuego, mas esta proporción continua siendo baja en el<br />

contexto de <strong>la</strong> subregión, dado elementos culturales y <strong>una</strong> efectiva acción institucional en el control<br />

de <strong>la</strong> tenencia y portación de <strong>armas</strong> por <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil que, se estima, asciende al millón de<br />

unidades, independientemente de su estatus de legalidad (Elgueta y Zúñiga, 2006).<br />

Los casos argentino y uruguayo son re<strong>la</strong>tivamente simi<strong>la</strong>res y se ubican entre los extremos<br />

vistos en los casos anteriores.<br />

En Uruguay, contrario a <strong>la</strong> imagen proyectada en términos de respeto a <strong>la</strong> institucionalidad<br />

y al orden público, los niveles de violencia son mayores de lo esperable, dado que se registra<br />

un aumento de 140% en los delitos contra otras personas entre 1990 y el 2005 y se estima que<br />

el 90% de <strong>la</strong>s <strong>armas</strong> se encuentra fuera de <strong>la</strong>s manos del Estado. Asimismo, cifras no ofi ciales<br />

que se desprenden de encuestas de victimización seña<strong>la</strong>n que existe un circu<strong>la</strong>nte aproximado a<br />

1.200.000 del cual poco más de <strong>la</strong> mitad se encuentra en estado de ilegalidad. Esto signifi ca que,<br />

considerando únicamente a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción masculina entre 15 y 64 años (2, 208,793.00 hab), existe<br />

un promedio de un arma de fuego por persona gracias a lo endeble de los controles y los requisitos<br />

para <strong>la</strong> obtención de este tipo de <strong>armas</strong>. A pesar de ello, tal como seña<strong>la</strong> Fleitas en el capítulo sobre<br />

el caso uruguayo, pareciera existir un pacto de honor en <strong>la</strong> sociedad de que <strong>la</strong> violencia no debe<br />

llegar a niveles de fatalidad, dado que el aumento en los delitos y <strong>la</strong> alta proliferación de <strong>armas</strong>, no<br />

ha signifi cado un aumento descontro<strong>la</strong>do de <strong>la</strong> tasa de homicidios por <strong>armas</strong> de fuego, <strong>la</strong> cual se<br />

ubica en 13.91 por cada cien mil habitantes.<br />

En materia de transferencia de <strong>armas</strong>, es interesante observar que <strong>la</strong> importación de <strong>armas</strong> tiene<br />

un comportamiento descendente iniciado a mediados de <strong>la</strong> década de los noventa, y <strong>una</strong> distribución<br />

inversa de <strong>la</strong>s proporciones de compra de <strong>armas</strong> y municiones, dado que para el 2002 el 80% de lo<br />

importado corresponde a municiones y el restante 20% a <strong>armas</strong>, cuando <strong>la</strong> normalidad era lo contrario.<br />

Culturalmente Uruguay no es un país proclive a ser mercado de <strong>armas</strong>, sin embargo, <strong>la</strong><br />

ausencia de sanciones, <strong>la</strong> inexistencia de un límite de cantidad de <strong>armas</strong> por persona y <strong>la</strong> posibilidad<br />

de fabricación artesanal de <strong>armas</strong>, dado nuevamente un vacío legal, han hecho que, ante <strong>la</strong> inefi cacia<br />

policial los vecinos tiendan a armarse y organizar de manera uni<strong>la</strong>teral su protección mediante <strong>la</strong><br />

organización solidaria a nivel com<strong>una</strong>l y contratación de <strong>seguridad</strong> privada, y que se favorezca un<br />

tráfi co ilegal de <strong>armas</strong> con destino hacia Brasil y Perú, principalmente.<br />

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