Ley General del Ambiente - CDAM - Ministerio del Ambiente

Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611
embargo, en ausencia de éstos, son de aplicación los establecidos a
nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las partes, o en
ausencia de éste a lo propuesto por la Autoridad Nacional Ambiental.
153.2 De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a
las normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre
las partes, para lo cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad
ambiental competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo no
vulnere derechos de terceros ni genera afectación grave o irreparable al
ambiente.
Artículo 154.- De los árbitros y conciliadores
La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar la idoneidad
de los árbitros y conciliadores especializados en temas ambientales, así
como de las instituciones responsables de la capacitación y actualización
de los mismos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- De la modificación de la Ley Nº 26834
Modificase el inciso j) del artículo 8 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas, en los siguientes términos:
“j) Ejercer potestad sancionadora en el ámbito de las áreas naturales
protegidas, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso,
clausura o suspensión, por las infracciones que serán determinadas por
decreto supremo y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal
efecto.”
SEGUNDA.-
TERCERA.-
Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles
En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental,
Límites Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el
control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos
por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
De la corrección a superposición de funciones legales
La Autoridad Ambiental Nacional convocará en un plazo de 60 días
contados desde la publicación de la presente Ley, a un grupo técnico
nacional encargado de revisar las funciones y atribuciones legales de
las entidades nacionales, sectoriales, regionales y locales que suelen
generar actuaciones concurrentes del Estado, a fin de proponer las
correcciones o precisiones legales correspondientes.
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