MEMORIA - Abogacía Española

Abogacía Española | Memoria 2011 DELEGACIÓN BRUSELAS | 106
Parlamento Europeo, sede de Bruselas
Introducción:
un año implementando
el Tratado de Lisboa
El año 2011 es también el primer año cumplido con el nuevo
Tratado de Lisboa. La Comisión Barroso II, la nueva configuración
del Parlamento y el desarrollo del programa de Estocolmo
han traído importantes novedades. Entre ellas cabe
destacar, en primer lugar, el desarrollo de la hoja de ruta para
las garantías procesales. En 2011 se ha aprobado la Directiva
de traducción e interpretación en procesos penales y también
se ha configurado la mayor parte de la Directiva que regulará
el derecho de información de los detenidos. Más dificultades
se auguran ya para la conocida como “medida C” relativa
al derecho de acceso al abogado, que cuenta con un claro
apoyo de la Comisión Europea y del Parlamento, pero con
menos simpatías a nivel de algunos Estados miembros por
distintas razones o excusas relativas a la economía de medios,
la lucha contra el delito o recientes modificaciones internas.
El caso es que hoy en día, el objetivo de adaptar las legislaciones
a los contenidos del Convenio Europeo de Derechos
Humanos parece alejarse peligrosamente. Un segundo ámbito
en el que se están desarrollando acontecimientos es el de
la Justicia electrónica. La Unión Europea es consciente de los
desarrollos nacionales y también de las necesidades de interoperabilidad.
Por esta razón, proyectos como E-Codex, con
importante participación de la Abogacía española, Penalnet,
o el Buscador europeo de abogados de CCBE, están llamados
a marcar un antes y un después en el establecimiento de los
futuros cimientos de la justicia electrónica europea. También
la atención a una diversidad de materias en los ámbitos civil y
mercantil resulta particularmente relevante. Cuestiones como
el Derecho de compraventa, el Derecho contractual europeo
o el Derecho de familia y sucesiones están siendo objeto de
importantes trabajos gracias a la contribución de abogados
expertos colaboradores que colaboran tanto con la Delegación
del CGAE como con la Delegación española ante CCBE.
Por todo ello, y otras muchas razones, si tuviéramos que destacar
un acto a lo largo del 2011 cabría señalar la conferencia
de alto nivel “Implementando el Tratado de Lisboa”, organizada
por el “Bureau of Policy Advisers” en febrero, a petición
del presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao
Barroso. En él, el presidente de la Comisión señaló que el Tratado
necesita implementación en forma de clarificaciones y
aplicaciones en los tres retos: preservar la eficacia, incrementar
la legitimidad y promover la coherencia de su acción. El
CGAE también participó en sesiones sobre las nuevas dinámicas
interinstitucionales en el proceso legislativo, el servicio de
acción exterior o el sistema de protección judicial tras Lisboa.
En éste último, se analizaron cuestiones importantes que han
resultado centrales en 2011, como la entrada en vigor de la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la adhesión al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos o las prioridades de la
Dirección General de Justicia. Entre las ponencias e intervenciones,
destacaron varias importantes contribuciones de políticos,
abogados y otros profesionales del Derecho españoles
(como Ana Palacio Vallelersundi, Enrique Barón Crespo o Luis
Romero Requena). En su discurso intermediario, la comisaria
de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, afirmó
en una frase que utilizaremos a modo de clausura de esta
pequeña introducción: “Nos faltan muchas Europas, pero ha
comenzado a nacer ya una Europa del Derecho”.
I. CCBE
Posicionamientos
e-Justicia
POSICIONAMIENTO DE CCBE SOBRE LA IDENTIFICACIÓN, LA AUTEN-
TIFICACIÓN Y LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS
CCBE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea
de revisar la Directiva sobre las firmas electrónicas y de
preparar la iniciativa prevista sobre el reconocimiento mutuo
de las técnicas de identificación y autentificación electrónicas,
ya que facilitaría el desarrollo eficaz de la e-Justicia
y el acceso a la Justicia en Europa. Las firmas digitales y las
otras formas de identificación y autentificación electrónicas se
utilizan en las diferentes jurisdicciones, pudiendo los abogados
ejercitar una amplia gama de operaciones. CCBE desearía
lograr la interoperabilidad completa. Resulta fundamental
la garantía del reconocimiento mutuo total de dichas firmas
digitales. Entre los retos futuros, plantea firmas híbridas. Se