MEMORIA - Abogacía Española

Abogacía Española | Memoria 2011 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 22
últimos decenios un indicador sumamente fiable respecto de
la vitalidad de la vida económica y social) la proporción de
españoles que utilizan el asesoramiento letrado haya incluso
experimentado un leve aumento sugiere que, en condiciones
menos severas, ese incremento hubiera sido notablemente
mayor.
Por otro lado, los datos de este sondeo confirman lo ya detectado
en el Barómetro de 2008: la utilización de los servicios
de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales.
La consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita
ha logrado que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica
se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos.
Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un
abogado, el grado de satisfacción con los servicios recibidos
sigue siendo muy elevado, ya que la satisfacción de
conjunto es puntuada con un 6.9, destacando de modo
especial la atención y el trato recibidos (que merecen una
nota media de 7.9), así como la preparación técnica y el
interés por el asunto (puntuados con un 7.3). Incluso el
importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma
claramente positiva (6.7).
Además, un 62 por ciento de los encuestados valora especialmente
en un abogado que tenga capacidad de buscar un
acuerdo razonable que ponga fin a la disputa, mientras que
un 35 por ciento considera más importante que tenga mucha
experiencia en juicios ante los tribunales para que trate de
conseguir el máximo posible.
Todas las evaluaciones son ligeramente más bajas que en
2008, y similares en conjunto a las obtenidas en 2005: el estado
general actual del ánimo colectivo, ya aludido con anterioridad,
puede sin duda explicar esta tenue matización de
las mismas.
Carlos Carnicer y José Juan Toharía presentaron el IV Barómetro
Por otro lado, y ante la aprobación de la Ley de Acceso en el
mes de junio, la encuesta incluía una pregunta que interrogaba
a los encuestados sobre si haber terminado la carrera
de Derecho es suficiente para poder ejercer como abogado,
o si por el contrario debe exigirse, además de la carrera, una
formación adicional específica para poder ejercer. Para un 85
por ciento, es necesario exigir una formación adicional para
poder ser abogado, lo que supone un amplio apoyo a la Ley
de Acceso entre los ciudadanos.
Finalmente, destaca que los abogados se mantienen entre los
primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo
de El Rey y por encima de instituciones como el Defensor del
Pueblo.
Actividad legislativa: sobre todo,
Ley de Acceso
La aprobación del Reglamento de la Ley de Acceso a las profesiones
de Abogado y Procurador, que finalmente vio la luz en
junio de 2011 fue un gran paso positivo para la Abogacía, que
ha perseguido la entrada en vigor de esta ley desde hace años.
No obstante, no ha sido la única actividad legislativa de este año.
Reglamento de desarrollo
de la Ley de Acceso
El Consejo General de la Abogacía se felicitó por la aprobación
del Reglamento de desarrollo de la Ley sobre el Acceso
a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales,
que entró finalmente en vigor en octubre de 2011 y felicitó
y agradeció de manera expresa la labor desarrollada para su
aprobación por los ministros de Justicia y Educación y sus respectivos
equipos. Gracias a esta Ley, que ha sufrido una vacatio
legis de cinco años, una de las mayores de la democracia,
y que es una de las principales y más antiguas reivindicaciones
de la Abogacía, se formará mejor a los abogados, lo que a la
postre “repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos
y en el mejor funcionamiento de la Administración de
Justicia”, según el presidente del Consejo General de la Abogacía
Española, Carlos Carnicer. “Es una reivindicación de casi
100 años de la Abogacía española y una cuestión de Justicia”,
asegura el presidente de los abogados. De hecho, “la formación
antes del acceso a la profesión es una aspiración desde el
Congreso de San Sebastián de 1917”, añadió.
Por otro lado, como señala Carnicer, España es el único de los
Estados miembros de la Unión Europea que aún no exige una
formación suficiente de acceso a la profesión de Abogado,
dotada de un equilibrio entre formación teórica y práctica, “lo