MEMORIA - Abogacía Española

Abogacía Española | Memoria 2011 DELEGACIÓN BRUSELAS | 112
penales, respetando siempre las normas y prácticas en
vigor previstas en las jurisdicciones de los Estados miembros,
en lo que se refiere al carácter público de los procedimientos
judiciales.
7. Reducir la carga administrativa atribuible al actual sistema
de notificación establecido para los controladores
de datos.
8. Comprometerse a participar en negociaciones sobre
acuerdos internacionales vinculantes con los países no
miembros de la UE, a fin de extender la aplicación de las
reglas en materia de protección de datos personales a
escala internacional.
9. Adoptar una postura realista/pragmática en materia de
programas confidenciales de certificación.
10. Extender la aplicación de las reglas generales de protección
de datos a áreas de la cooperación policial y judicial
en materia penal, imponiendo, en caso de necesidad,
limitaciones armonizadas respecto a ciertos derechos
individuales de protección de datos y teniendo en cuenta
las características específicas de la actividad de abogados,
así como la prioridad del derecho de ser asistido por un
consejo y del derecho a una protección judicial efectiva.
RESPUESTA DE CCBE AL LIBRO VERDE SOBRE EL MARCO EUROPEO
DE GOBERNANZA CORPORATIVA
CCBE lamenta que, aunque muy relacionados con la gobernabilidad
corporativa, existe cierto número de cuestiones que
no han sido tratadas por la Comisión, tales como: el alcance
de la autoridad del Consejo de Administración; la prevención
de los conflictos de intereses en el Consejo; o la responsabilidad
de los administradores. CCBE hace una serie de matizaciones:
La aparición de las compañías cuya capitalización
de mercado es pequeña, o incluso la introducción de estas
empresas en mercados “organizados” hace que sea necesario
desarrollar reglas de gobernanza adaptadas al tamaño de las
sociedades cotizadas. La Comisión podría sugerir la aplicación
de códigos de gobierno corporativo de las empresas no cotizadas.
Pero esto sólo debería aplicarse a las empresas cuyo
volumen de negocios, número de empleados y/o número de
accionistas es significativo. Es conveniente disponer de una
separación obligatoria de las funciones del Presidente del
Consejo de Administración y del Director General de las sociedades
cotizadas que tienen un tamaño. Es esencial que las sociedades
cotizadas públicamente identifiquen las habilidades
que buscan dentro de sus juntas directivas. Sin embargo, las
empresas deberían tener libertad para elegir las cualidades a
las que tienen la intención de dar prioridad dentro de sus juntas
directivas. Algunos miembros de CCBE consideran que los
accionistas no deben entrar a votar la política de retribuciones
de los Consejeros. Sin embargo, para asegurar que la retribución
de los consejeros no ha sido establecida discrecionalmente
por la Junta, los accionistas deben expresar sus puntos
de vista sobre cuestiones relativas a la remuneración de los
directores con el fin de expresar su (des)acuerdo sobre la política
de remuneración que debe aplicarse en su caso. Es conveniente
promover la participación del personal en la capital por
lo que no es sólo una fuente de ingresos adicional para los
empleados sino también una forma de que los emisores tienen
accionistas, leal y estable. Cada sociedad cotizada debe
determinar el código de gobernanza corporativa que elige
referirse a asuntos de gobierno. Sin embargo, la compañía
estaría perfectamente libre de apartarse de ciertos puntos de
ese código de gobierno corporativo, siempre y cuando explique
las razones que han llevado a no cumplir con una o más
recomendaciones y que los Estados establezcan principios en
su lugar. No es adecuado dar a las autoridades reguladoras la
responsabilidad de verificar la información proporcionada por
los emisores en materia de gobierno corporativo.
Derecho del Consumo
RESPUESTA DE CCBE A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN EU-
ROPEA “HACIA UN ENFOQUE EUROPEO COHERENTE DE LAS ACCIO-
NES COLECTIVAS”
CCBE ha dado la bienvenida a la iniciativa de la Comisión sobre
acciones colectivas. CCBE considera que tales mecanismos
podrían mejorar significativamente la efectividad de los derechos
de los ciudadanos en Europa. Las acciones colectivas privadas
por lo general, siendo compensatorias, deben ser independientes
y distintas de una reparación pública. El derecho
del demandante a solicitar reparación indemnizatoria no debe
depender de la conducta de los organismos públicos. La aplicación
de la ley sólo debe llevarse a cabo por las autoridades
públicas, siendo los abogados los que los representan en juicio.
Una acción a nivel europeo sobre las acciones colectivas debe
definir las reglas y principios básicos de las reclamaciones colectivas.
CCBE está de acuerdo en que cualquier posible iniciativa
de la UE sobre acciones colectivas debe cumplir con una serie
de principios comunes establecidos a nivel de la UE. Estos son,
el principio de un «juicio justo», de independencia y de transparencia,
principio de contradicción, así como los principios de eficacia,
de legalidad, libertad y representación, igualdad de armas,
procedimiento abierto, acción compensatoria de consumidores,
libertad de contratación implica la libertad de aplicación, y la persecución
individual de las reclamaciones. Los rasgos definitorios
de un sistema eficiente y eficaz de acciones colectivas, serían:
Acceso a la justicia a todos los ciudadanos de la UE que lo deseen
en un plazo adecuado y a un costo adecuado, el último en vista
de la cantidad reclamada, Respetando los principios básicos
expuestos en la cuestión 7, la participación de profesionales del
Derecho, como abogados. En cuanto a las salvaguardias y principios
que deben regir el recurso colectivo, CCBE considera que
son indispensables: el principio de igualdad de armas, el princi-