MEMORIA - Abogacía Española

Abogacía Española | Memoria 2011 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS | 95
ñados de unos modelos de documentos que en la práctica pueden
ayudar al cumplimiento de las obligaciones legales). También
se ha preparado una lista de preguntas más frecuentes con sus
posibles respuestas para facilitar la solución de las dudas que se
puedan plantear a los sujetos obligados. La Comisión trabaja de
manera constante mediante el intercambio de correos electrónicos
a todos sus miembros habiéndose remitido desde la presidencia
un total de 98 circulares.
En la reunión celebrada el día 14 de abril de 2011, se empezó
a trabajar en un texto redactado por el presidente denominado
“Recomendaciones y Medidas para la Prevención del
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
para Abogados”, en el que se exponían asuntos como
la normativa aplicable, el concepto de blanqueo de capitales,
el ámbito de aplicación a los abogados, el secreto profesional,
las principales obligaciones de los letrados, recomendaciones
generales, y una lista de operaciones de especial análisis.
En la reunión celebrada el día 25 de mayo de 2011, se continuó
con la preparación de las recomendaciones y los documentos
adjuntos, y se decidió añadir un listado de preguntas
y respuestas más frecuentes, así como crear un correo
electrónico donde los abogados pudieran realizar consultas
específicas sobre temas de blanqueo de capitales. Tras un intenso
trabajo, en el que participó la letrada Dª. María Elena
Sáenz de Jubera, de la Confederación de Española de Abogados
Jóvenes, en sustitución del abogado D. David Díez
Revilla, la Comisión aprobó los siguientes documentos:
1. Medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. Manual tipo de prevención de blanqueo de capitales.
3. Listado de infracciones y sanciones.
4. Listado de preguntas y respuestas más frecuentes.
5. Modelo de hoja de encargo profesional.
Igualmente se acordó trasladar los textos a la Comisión Permanente
y al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española
para su distribución a todos los Colegios.
En la reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2011, el
presidente comunicó al resto de miembros de la Comisión que
en el Pleno celebrado el día 17 de junio de 2011 se acordó
distribuir a los Colegios y colegiados los documentos realizados
por esta Comisión, y cuya versión final se aprobó en la
reunión de fecha 25 de mayo de 2011. La referida difusión
no se había realizado todavía, y ello por considerarse que las
fechas estivales no eran adecuadas para hacerlo, pero se iba a
realizar en los siguientes días, en cuanto se introdujeran en los
documentos las aplicaciones informáticas necesarias. El presidente
continuó informando que en el presupuesto para el año
2012 del Consejo General, aprobado en el Pleno celebrado
el día 28 de octubre de 2011, se asignaba una importante
cantidad para la creación y puesta en funcionamiento del
Órgano Centralizado de Prevención del Consejo; esta noticia
significaba que la Comisión debía trabajar duramente, y en
consecuencia, se acordó que el plan de trabajo para el año
2012 será el siguiente:
• Primera fase (primer semestre de 2012). Esta primera fase se
financiaría exclusivamente con los fondos del presupuesto
aprobado por el CGAE, y consistiría en:
a) Efectuar los necesarios contactos con la Dirección General
del Tesoro y, en su caso, con el Servicio Ejecutivo
para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
para consensuar el contenido de la necesaria Orden Ministerial
que dé cobertura jurídica al órgano. Ya se ha
puesto en su conocimiento el proyecto, se conoce la opinión
favorable y la predisposición a dictarla. Falta perfilar
determinados detalles importantes para lograr que
el órgano que se cree preste el servicio deseado sin que
sirva de escudo a los infractores ni constituya una carga
insoportable para quienes se encarguen del análisis de
las operaciones que se comuniquen.
b) Contratar un abogado que, a tiempo parcial preste
servicios profesionales y se responsabilice directamente
bajo la supervisión de la Comisión de la puesta en marcha
de la OCP. Este abogado podría ser en el futuro su
director. La retribución debería fijarse por la Secretaria
General y desde luego revestir la forma de honorarios
profesionales.
c) Tomar las pertinentes decisiones respecto del sistema
informático más idóneo, y llegar a un acuerdo económico
con una empresa para su adaptación, tanto a las
necesidades del OCP, como a las necesidades de los
abogados. Este programa podría ser adquirido a una
empresa externa o desarrollar un programa propio con
la colaboración de expertos en la materia.
d) Contratar en el mercado una base de datos de búsqueda
de personas, NOTEBOOK o WORLDCHECK es idónea.
Esta base podría integrarse en el programa informático de
la OCP, de forma que automáticamente la búsqueda se
haga en ambas bases de datos, la que se cree dentro del
programa y en la que se adquiera en el mercado.
e) Diseñar un sistema de formación continua abierta a todos
los abogados y a su personal online.
• Segunda fase (segundo semestre 2012). Consistiría en:
a) Ofrecer a todos los abogados su adscripción al OCP en
formación; si bien no se habrá promulgado aún la Orden
Ministerial, se podrá ofrecer a los compañeros:
– un programa informático coherente para su implantación
en los despachos.
– un canal de comunicación para efectuar consultas.
– cursos de formación periódicos.