Marzo Nº 112 - Biblioteca Virtual El Dorado

se decida judicialmente que una leyes contraria a la Constitución,
cualquiera que sea la categoría del juez o tribunal
que haya dictado el fallo".
Una reforma como la indicada -escribía el Dr. Moralesconcentraría
en el más alto tribunal del país la facultad de
decidir en definitiva si una leyes contraria a la Constitución
y ella serviría de punto de partida para ir creando gradualmente
una jurisprudencia sobre el valor, la extensión y el
desarrollo de los principios que la Constitución Nacional sólo
preRenta y consagra en forma preceptual casi simbólica.
La sugestión contenía una múltiple finalidad: a) Que la
Corte pudiera declarar insubsistente, con efectos generales,
una disposición o acto que violara la Constitución; b) Que no
f'stuviese resern,do el derecho de solicitar la declaratoria únicamente
a la parte afectada; y c) Que esa facultad estuviese
atribuída exclusivamente a la Corte Suprema.
Como se advierte, incidentalmente, el Dr. Morales llegó
a lo que en ese entonces era el extremo de sugerir que esa
facultad la ejerciese la Corte de oficio, concepción que no fué
aceptada por los juristas, pero análoga a la que ahora están
preconizando autores extranjeros. Sin ir más lejos, Kelsen ha
habli~do sobre la creación de un defensor Constitutionis ante
el Tribunal constitucional que, a semejanza del Ministerio
Público en el procedimiento penal, tendría el poder de introducir
de oficio el procedimiento de control constitucional en
cuanto a los actos que considere irregulares, (Kelsen: 'La Garantía
Jurisdiccional'),
A este respecto cabe señalar, como antecedente a la concepción
del Dr. Morales, nuestra Constitución de 1873 que
confería el control constitucional al máximo organismo judicial
del istmo ("Corte del Estado"). En el artículo 102 del
expresado instrumento, al consignar las atribuciones de la Corte,
se estatuía:
6. Suspender por unanimidad de votos, y previa audiencia
del Procurador del Estado, la ejecución de cualquier
ley que sea contraria a la Constitución, siempre que así
lo solicite la mayoría de las corporaciones municipales del
distrito capital y de las cabeceras de los departamentos,
dando cuenta en este caso a la Asamblea, para que decida
definitivamente.
"7. Suspender por unanimidad de votos, a solicitud del
Ministerio Público o de cualquier ciudi~dano. los acuerdos
municipales que sean contrarios a la Constitución o a las
leyes nacionales o dcI Estado, y dar cuenta a la Asamblea
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