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Informe de Impacto Psicosocial del Feminicidio de
Nadia Alejandra Muciño Márquez
ser dueño de los microbuses en los que trabajaba Bernardo y haber sido
candidato a la presidencia del municipio de Villa Nicolás Romero por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) es, a su vez, primo de Donato
Zamora Rosas, otro de los abogados implicados, ex diputado también por
el PRI y sobrino político de Victoria López Gutiérrez, la hermana de Bernardo
e Isidro. Estos sujetos, así como el resto de la familia de Bernardo,
han mantenido por años fuertes vínculos con funcionarios municipales,
figuras y asociaciones civiles del Estado de México y, desde un principio,
han manejado estas influencias y presencia política para dilatar, obstruir
y manipular información en las investigaciones en torno al caso.
Entre los ejemplos más evidentes de lo anterior se encuentra el retardo
injustificado en lo que respecta a la detención de Bernardo quien, a pesar
de tener una orden de aprehensión desde el año 2005 nunca ha sido detenido,
no ha sido buscado ni se ha cuestionado dónde o con quién está;
asimismo, Isidro —quien antes del asesinato de su cuñada ya tenía antecedentes
penales, había sido acusado por el delito de violación sexual e
incesto en 1989 126 y fue liberado por “desvanecimiento de datos”—, fue
dejado en libertad poco tiempo después de dictársele la sentencia por el
homicidio calificado de Nadia, sin mayor fundamento jurídico. Durante
todo el proceso, además, el “Matute” recibió el apoyo de numerosos líderes
y autoridades a través de cartas de buena conducta dirigidas al juez
encargado del caso entre las cuales se aprecian presidentes de consejo,
delegados municipales, presidentes de comités y de comisariados ejidales,
tanto de Nicolás Romero como de Cuautitlán Izcalli, oficiales del Ejército
e, incluso, un funcionario de alto nivel del área de Servicios Periciales
del estado.
Otros ejemplos, a su vez, se pueden observar a lo largo de las investigaciones,
como el amedrentamiento de algunos testigos por parte de la
familia de Bernardo e Isidro, frente a la mirada pasiva de las autoridades
estatales, lo que derivó en que varios terminaran retractándose de sus declaraciones
iniciales, mudándose del municipio e, incluso, convirtiéndose
en testigos de descargo de los acusados. María Antonia y su familia, por
su parte, también han sido víctimas directas de estas amenazas, recibien-
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Causa 244/89-1, con fecha de 24 de abril de 1989.
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