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Violencia contra las Mujeres en el Estado de México A través de múltiples casos, la CIDH ha identificado la existencia de patrones generales de negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a quienes ejercen acto de violencia contra mujeres y niñas; estos patrones socioculturales afectan las actuaciones de abogados, fiscales, jueces y distintos funcionarios de la administración de justicia, generando un ambiente que facilita las agresiones (CIDH, 2007). Otras disposiciones especiales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres se desarrollado, a su vez, en otros importantes instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma de 1998, a través del cual se crea la Corte Penal Internacional, con facultades y jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Igualmente, en el mismo Sistema de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, se han desarrollado tribunales especiales que han contenido esta problemática, como fueron los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda a finales de los años noventa del siglo pasado; estos tribunales ayudaron a sentar jurisprudencia especialmente relevante en el tratamiento de crímenes sexuales, abriendo las puertas para codificar la integración del género en el Derecho Penal Internacional (Copelon, 2000). A pesar de la oposición y las dificultades enfrentadas en esta lucha por los derechos de las mujeres, se pueden reconocer hoy en día varios avances significativos en la materia, especialmente en lo referente a la violencia; entre éstos, algunos de los más importantes apuntan, en primer lugar, al reconocimiento de la responsabilidad internacional de los Estados frente a las violaciones cometidas por particulares, junto con la obligación de investigar estas violaciones cuando se producen y hacer comparecer a los responsables ante la justicia 47 . Lo anterior encuentra sustento en múltiples planteamientos de la CoIDH que exponen a los Estados como entes garantes de los derechos cuya obligación positiva es la de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. En este sentido además, y tal como lo establece Ibarra (2007), la actitud omisa de los Estados ante violaciones graves a los derechos humanos es justamente lo que genera los patrones constantes de impunidad, entre otras cosas, “debido a la incapacidad estatal para dar con los responsables de los hechos que dieron origen a la violación de derechos humanos, negligencia que va desde la investigación hasta la imposición de las sanciones correspondientes.” (Ibarra, 2007:467) Convención de Belém do Pará. 47 Informe del Comité de Derechos Humanos. Asamblea General, 37° período de sesiones. A/37/40, Anexo V, Comentario General 7(16), Párr. 1. l46l CMDPDH
Informe de Impacto Psicosocial del Feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez En segundo lugar, se ha avanzado en los principios de igualdad y prohibición de la discriminación contra las mujeres, los cuales se han incorporado en el conjunto de normas que conforman el Derecho Internacional de Derechos Humanos. En este punto, la ya mencionada Recomendación General No. 19 del Comité de la CEDAW (1994) da un paso importante al proclamar la equiparación de la violencia y la discriminación entendiendo, por ende, las situaciones de violencia contra las mujeres esencialmente como situaciones de discriminación. Lo anterior es relevante tomando en cuenta las válidas inquietudes planteadas por autores como Castresana, quienes han señalado que, “aun cuando todos los derechos sean teóricamente de igual importancia, lo cierto es que, para la inmensa mayoría de las mujeres en todo el mundo, los derechos reconocidos en la Convención no resultan apenas de utilidad, en la medida en que se encuentran sometidas a una situación de violencia tal que de poco les sirve que se proclamen sus libertades civiles y políticas, sus derechos a la educación o a la salud si no se garantiza previamente su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y psíquica.” (Castresana, 2005:208) Tercero, hoy en día se reconoce que los patrones de violencia que afectan a los hombres son distintos a aquellos que afectan a las mujeres, que estos patrones de violación a sus derechos son sistemáticos y que esto responde a un contexto histórico de desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Frente a esta situación, los distintos instrumentos internacionales han reiterado el deber de los Estados de proteger la vida, integridad personal y libertad de todas las personas y, en este caso, de las mujeres y niñas, instándolos a garantizar estos derechos con acciones y medidas concretas acordes a sus necesidades y condiciones particulares. 3.2. La implementación de los tratados internacionales y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito nacional Entre los compromisos adquiridos por el país, mediante la firma y ratificación de un gran número de instrumentos de derechos humanos, se encuentra el de colaborar con distintos mecanismos proporcionando información, elaborando informes, facilitando las visitas y aceptando observaciones y recomendaciones. La aceptación de estos instrumentos, a su vez, implica que el Estado debe proceder de forma activa con el fin de implementar cambios en la legislación interna, armonizando las normativas locales con los estándares internaciona- CMDPDH l47l
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