desarrollo

Capítulo 4
Informe Europeo sobre el Desarrollo de 2009
directamente (como por ejemplo en el “Acuerdo de Inversión Agrícola Especial” celebrado en 2002 entre Siria y Sudán).
Por otro lado, se encuentra el proveedor de la tierra, que puede ser un gobierno o, con menor frecuencia, un terrateniente
privado.
Esta aparente sencillez encierra una gran complejidad. Cada “acuerdo” puede comprender múltiples contratos e instrumentos
legales: desde un acuerdo marco donde se señalen los aspectos clave del acuerdo global y el gobierno de destino de la inversión
se comprometa a poner el terreno a disposición del inversor, hasta instrumentos más específicos (contractuales o de otro tipo)
que transfieran de forma efectiva el terreno o subsecciones de este. La medida en que se negocian o estandarizan los acuerdos
sobre la tierra varía de un país a otro y en las distintas fases de la negociación. Por lo general, los instrumentos para asignar
terrenos suelen estar más estandarizados (como en el caso de los contratos de arrendamiento de la Oficina del Níger de Mali).
Normalmente, en cada acuerdo intervienen numerosas partes en las distintas fases de preparación, negociación, contratación
y ejecución del proyecto. En primer lugar, participan múltiples agencias dentro del gobierno de destino. Incluso en los países
donde existe un punto de contacto centralizado (integrado) para posibles inversores, que suele ser una agencia de promoción
de la inversión, esta normalmente no es la única que aborda todos los aspectos del acuerdo sobre la tierra.
Los inversores privados cuentan con la ventaja de que pueden actuar como una única entidad legal con un conjunto de
valores homogéneo. No obstante, esto también puede tener matices, ya que cabe la posibilidad de que sean entidades
privadas quienes se encarguen de la aplicación de los acuerdos firmados entre gobiernos, bien desde el principio, bien como
parte de medidas posteriores para ganar velocidad. Por ejemplo, el acuerdo entre Siria y Sudán permitía a Siria delegar la
ejecución en el sector privado, siempre que para ello contara con el consentimiento del gobierno de Sudán.
TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y PRESERVACIÓN DE LOS INTERESES LOCALES
En África predomina el arrendamiento de terrenos frente a su adquisición. La duración de estos arrendamientos oscila entre
plazos cortos y períodos de hasta 99 años. Los gobiernos de destino de la inversión suelen desempeñar un papel clave en
la asignación de arrendamientos de terrenos, fundamentalmente porque son los propietarios legales de toda o la mayor
parte de la tierra. Por lo tanto, el quid de la cuestión es la medida en que los gobiernos tienen en cuenta los intereses locales
en la tierra, el agua y otros recursos naturales.
Cabe la posibilidad de que los gobiernos de destino adquieran un compromiso contractual para suministrar el terreno antes
de consultar con los usuarios locales del mismo. Además, la falta de transparencia, proceso de comprobación y balances en
las negociaciones contractuales favorece la corrupción y la percepción de los beneficios por parte de la élite. En Mozambique
y en otros países, la legislación nacional exige a los inversores que consulten a la población local antes de la asignación de
terrenos. En Ghana, es habitual celebrar acuerdos con los dirigentes locales. Pero incluso en estos casos, las deficiencias en
la aplicación de los requisitos legales y en la responsabilidad de los dirigentes locales constituyen un problema recurrente.
La seguridad de los derechos sobre las tierras locales también es de vital importancia. Las legislaciones nacionales varían, pero
sí son comunes algunas características que deterioran la posición de la población local. Entre estas se incluyen la inseguridad
de los derechos de uso sobre las tierras públicas, la inaccesibilidad de los procedimientos de registro, la compensación
únicamente por la pérdida de mejoras como los cultivos en lugar de la tierra, y las obsoletas tasas de compensación. En
consecuencia, la población local puede salir perdiendo, e incluso los inversores que quieren llevar a cabo buenas prácticas
sufren la falta de procedimientos y directrices gubernamentales claros.
EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LOS ACUERDOS SOBRE LA TIERRA
Por lo general no existen tasas sobre la tierra y otras transferencias monetarias, o estas son muy reducidas como consecuencia
del deseo de atraer la inversión, los bajos costes de oportunidad percibidos y la ausencia de mercados de la tierra consolidados.
Esto por sí solo no hace que el acuerdo sea desequilibrado: los beneficios para los países de destino pueden incluir compromisos
de los inversores con respecto a los niveles de inversión y el desarrollo de infraestructuras (como por ejemplo sistemas de riego).
Dada la relevancia de los compromisos de inversión en el equilibrio económico de los acuerdos sobre la tierra, exigir su
cumplimiento es de vital importancia. La asignación de terrenos públicos por lo general está sujeta al cumplimiento por
parte del inversor de unos planes durante los primeros años del proyecto. Una vez transcurridos estos, se confirma la
asignación. No obstante, los gobiernos africanos apenas aprovechan esta condición para exigir responsabilidades a los
inversores, y los términos de los contratos no son suficientemente específicos como para exigir su cumplimiento. Además,
las evaluaciones puntuales en una fase temprana de aplicación no permiten supervisar ni aprobar sus resultados de forma
continuada a lo largo de toda la vida del proyecto.
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