Nº - Legislatura de Río Negro

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Setiembre 21
Rojas
Nuestra norma entonces, señor presidente, concretamente propone –y
repito, sabemos que no es la solución absoluta, es un aporte más- que en aquellos
establecimientos públicos o privados que se sirvan o se preparen comidas, los
comensales no tengan a disposición para el uso indiscriminado y discrecional los
saleros en la mesa, ni tampoco en aquellos comercios que se dediquen a la venta,
tipo delivery, ofrecer junto con el alimento el famoso sobrecito de sal.
Esto ya está legislado en muchas de nuestras provincias Argentinas,
pero también –en razón de respetar lo particular y lo privado de cada una de las
personas- en otros de los artículos la norma propone que todo aquel comensal
que quiera -a pesar de la recomendación- pueda pedir, se le ofrezca y esté a
disposición la sal común y también la sal de bajo contenido en sodio, que
generalmente hoy no está disponible para quienes ya la están usando y
necesitando.
Por último, las cartillas donde se ofrece el menú deberá tener la leyenda
que el consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud, tal cual se hace en las
etiquetas de cigarrillos en relación al tabaco.
Debo decir, señor presidente, que a instancias del presidente de la
Comisión de Asuntos Sociales, se le pidió -por el alto compromiso e impacto que
esto puede tener en las comunidades- opinión a los intendentes y concejos
deliberantes de todos los municipios de la Provincia y grata sorpresa hemos tenido
cuando todos prácticamente han respondido favorablemente a la aplicación de la
norma, comprometiéndose a hacerla cumplir en sus localidades y muchos han
avanzado más aún, porque ya tienen Ordenanzas aprobadas por sus Concejos
Deliberantes, relacionadas con este tema y que prácticamente imitan o plantean lo
mismo que la norma que hoy estoy proponiendo en esta Cámara.
Por último, decimos que el organismo de aplicación debe ser el
Ministerio de Salud, decimos que está habilitado el Ministerio de Salud para hacer
convenios con los municipios y que sean éstos los que dispongan de la
fiscalización y multas en todos aquellos comercios que no la cumplan a partir de
su sanción y promulgación.