Nº - Legislatura de Río Negro

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Septiembre 21
Le-Feuvre
SRA. PRESIDENTA (Vicidomini) – Muchas gracias señor legislador Arroyo.
Tiene la palabra el señor legislador Leonardo Ballester.
SR. BALLESTER - Gracias, señora presidenta.
Lo que estamos tratando es la derogación de la ley 3.231 que -como
bien decía el legislador preopinante- nace allá por el año 1998, en otras
circunstancias económicas y que tenía, si se quiere también, por objetivo,
concretamente lograr que aquellos que debían venderle o realizar contratos con el
Estado, estar al día en cuanto a la materia tributaria.
Esta ley, la 3.231, es muy similar al proyecto que se ha presentado por
el Poder Ejecutivo, tan similar que por allí si se hiciera un esfuerzo desde el punto
de vista reglamentario, quizás, quizás, la misma ley 3.231 pudiera ser aplicable.
Pero, bueno, sirve esta introducción para tener en cuenta que el espíritu de la ley y
el espíritu del proyecto tienen mucho que ver, tienen muchos puntos de
coincidencias, y esto que digo es lo mismo que hemos transmitido en comisión.
Me voy a permitir, con su autorización, leer el articulado, voy a ser muy
conciso, muy concreto, inclusive trataré de resumirlo.
El artículo 1º, dice lo siguiente: “Disponer como requisito previo a la
cancelación de todo crédito que se origine en los procesos de Licitación Pública,
Licitación Privada y Concurso de Precios contra la Provincia,...”, “...la inexistencia
de mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los
interesados,...”, es una cuestión que coincidimos, nos parece correcto, pero a
nuestro juicio la redacción es incompleta. En realidad se nombran licitación
pública, licitación privada y concurso de precios y se omite incorporar también la
compra directa y el legítimo abono que son dos modalidades, podrían llamarse
excepcionales, pero que el Gobierno sobre todo la utiliza con frecuencia.
De aprobarse el artículo como está creemos que se produciría una
injusticia con respecto a aquellos que van a competir en una licitación privada o
una licitación pública o un concurso de precios y con otros que van directamente a
una venta directa, a una contratación directa con el Estado. Es por ello que
ponemos énfasis en esta sugerencia que le estamos haciendo a la Cámara.