Modelo Ecológico para una Vida Libre de ... - Vida sin Violencia

subestimación de los niveles de violencia sexual y doméstica; 2) la existencia de un
marco legal inadecuado para la prevención, protección y el castigo; y 3) una laxa
implementación de los estándares legales existentes por parte de las autoridades
encargadas de aplicar la ley.
Estos tres factores se refuerzan mutuamente: una implementación laxa de la
legislación vigente hace que las víctimas tengan una menor propensión a denunciar
los delitos que padecen, mientras que el bajo nivel de denuncias registradas reduce el
grado de presión social requerido para llevar a cabo las reformas legales necesarias.
Además de la obligación del castigo a los victimarios, los gobiernos de las entidades,
al igual que el federal, deben otorgar recursos justos y efectivos a las mujeres
sometidas a la violencia. Esto comprende el acceso a la justicia, la reparación de los
daños sufridos, la restitución, la compensación, la rehabilitación y la garantía de la no
repetición. 9
Como lo han mostrado diversas investigaciones (Olamendi, 2007; Salinas, 2004;
Castro y Riquer, 2003; Angulo, Incháustegui y Riquer, 2009), el garantismo jurídico
que se ha construido en México a lo largo de casi 20 años, en torno al derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, está lejos de ser homogéneo en toda la
república, ya que persisten grandes diferencias entre las legislaciones de cada estado,
sobre todo en lo que hace a violencia sexual, donde están en juego múltiples criterios,
omisiones graves y preocupantes retrocesos. Ese es el caso de la penalización sobre
el aborto, inclusive en casos de violación, riesgo de salud de la madre y malformación
fetal, que se habían permitido mediante la opinión de médicos facultativos, desde los
años cuarenta, en casi todas las entidades del país.
Es medular redoblar los esfuerzos para lograr que las víctimas de la violencia,
efectivamente, accedan a la justicia sin ser revictimizadas al enfrentarse al proceso
judicial. Y es que, además de sufrir las debilidades y vicios del sistema de justicia, las
víctimas deben hacer frente a actos de discriminación y prejuicios, que incrementan
las posibilidades de que desistan del proceso de denuncia, puesto que el tránsito por
el sistema judicial lesiona su seguridad y derechos.
Habría que decir que la violencia intrafamiliar se encuentra tipificada como delito en
todas las entidades federativas, pero aun así existen dos importantes problemas para
su probanza como delito: