Talento - Diseño Gráfico Ribeiro

transmisión televisiva en vivo
de los partidos de fútbol del
viernes y domingo correspondientes
al torneo de primera
división organizado por la
A.F.A.
Las conductas anticompetitivas
permiten muchas clasificaciones,
pero una posible
es dividirlas en explotativas
y exclusorias.
Los actos explotativos son
aquellos en los que las empresas
hacen ejercicio de su
poder de mercado para “inflar”
los precios, es decir,
elevarlos a niveles supracompetivos.
El caso más característico
es el cartel de
precios, donde dos o más
competidores acuerdan eliminar o reducir
la competencia de precios entre ellos. Ese
cartel puede también acordar la división
de mercados, que no es sino otra forma de
elevar los precios en forma artificial al
reducir la competencia en cada zona.
Bajo la ley argentina (Ley 25.156, de
Defensa de la Competencia) una práctica
explotativa también podría ser unilateral,
como por ejemplo cuando una empresa
con posición dominante fija directamente
precios “abusivos” o “monopólicos”. Estas
prácticas son sancionadas en forma
excepcional cuando se presentan en su
forma básica, debido a la dificultad de
determinar cual es el precio “competitivo”
en el mercado. Distinto es el resultado
cuando van unidas de algún componente
exclusorio, como sucedió en el ya referido
caso YPF (donde el hecho de que la empresa
impidiera que sus exportaciones de
GLP reingresaran al mercado local fue
relevante en la determinación de que fijaba
un precio supracompetitivo para ese
producto en Argentina).
Los actos exclusorios, a su vez, son aquellos
que tienen por objeto o efecto excluir a
uno o más competidores, sea en forma
unilateral (por ejemplo,. negándoles un
insumo básico que no puedan conseguir
razonablemente en otro lado, en caso de
que la empresa en cuestión esté integrada)
o concertada (caso del boicot). En esta
categoría entran también los casos de precios
predatorios (cuando se vende por
debajo de determinado nivel de costos con
el efecto antedicho).
Para la LDC un acto resulta igualmente
anticompetitivo si ese es su objeto o su
efecto. En consecuencia, algunos contratos
a primera vista inocuos, como por ejemplo
los de distribución, pueden presentar
problemas; sea debido al grado en que
disminuyen la competencia en el mercado
en cuestión o porque disponen a qué precio
el distribuidor deberá vender los productos,
limitando su independencia.
En vista de lo anterior, resulta útil entonces
resumir algunos aspectos de la práctica
comercial de las empresas que pueden
resultar conflictivos bajo la LDC (sin que
esta lista sea exhaustiva):
� Cualquier acuerdo o discusión con competidores
sobre la política comercial de los
productos o servicios ofrecidos (por ejemplo,
costos, precios, volúmenes, descuentos,
términos de venta, zonas, etc.). Estas
discusiones, que en ocasiones tienen lugar
en el marco de cámaras empresarias, están
por lo general prohibidas
� Acuerdos con competidores sobre su
comportamiento en licitaciones o concursos
� Acuerdos con clientes para rechazar o
dejar de hacer negocios con terceros
� Ciertas negativas de efectuar transacciones
con clientes existentes o potenciales
� Ciertos contratos de distribución o compra
exclusiva
� Limitar el desarrollo técnico de un producto
o servicio
� Imponer a un cliente que desee comprar
un determinado producto la compra de
un producto distinto (prácticas “atadas”)
� Fijar precios distintos para un mismo
producto sin justificación en los mayores
costos (por ejemplo, de transporte) o alguna
otra circunstancia objetiva o de usos
y costumbres comerciales
� Fijación de precios por
debajo del costo
� Fijación de precios de reventa
a distribuidores. La
“sugerencia” de esos precios
es por lo general lícita, pero
si constituye una verdadera
imposición puede violar la
LDC.
Cabe destacar que el organismo
encargado de las investigaciones
(la Comisión
Nacional de Defensa de la
Competencia o CNDC) no
necesita que el “acuerdo” al
que hace referencia el listado
anterior consista en un
contrato formal. Esos pactos
no suelen formalizarse.
Por ello los carteles normalmente se sancionan
cuando se pueda probar su existencia
por otros medios. A estos fines, la
CNDC ha realizado allanamientos con
secuestro de todo tipo de soportes documentales,
o pedido detalle de llamadas
entre empresas determinadas, para dar
dos ejemplos.
Si su empresa es “de las grandes”, recuerde
que cualquier persona puede efectuar una
denuncia ante la CNDC; los requisitos
para hacerlo son mínimos y su costo insignificante.
Y si bien la mayoría de las denuncias
no resultan en una sanción, ello es
así principalmente por su poca seriedad.
Una sólida denuncia frente a una empresa
poco preocupada por las cuestiones de
competencia puede derivar en una sanción
muy gravosa en un tiempo no demasiado
prolongado.
Tampoco debe olvidarse que la LDC allana
el camino para las demandas civiles de
daños. Este es un terreno hasta el momento
no explorado, pero que puede agravar
el estado de cosas.
En conclusión, creo que en la actualidad el
cumplimiento de la Ley de Defensa de la
Competencia debe en forma ineludible
formar parte de la agenda de muchas
empresas, que deberían revisar sus políticas
comerciales instruyendo a su personal
para garantizar el cumplimiento de la ley.
Por otro lado, las empresas que padezcan
los efectos de prácticas anticompetitivas
deben tomar conciencia de que la LDC
constituye una herramienta poderosa en
defensa de sus derechos.
* El autor es abogado y socio del estudio M.&
M.Bomchil
abril-mayo de 2006 � 59