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66 � abril-mayo de 2006
de las pertinentes normas.
Desde el día 3 de octubre de 1998 rige el
actual texto del artículo 30 por obra de la
Ley 25.013 que sustituyó ese contenido
por el siguiente:
“Artículo 30 – Subcontratación y delegación.
Solidaridad. Quienes cedan total o
parcialmente a otros el establecimiento o
explotación habilitado a su nombre, o contraten
o subcontraten, cualquiera sea el
acto que le dé origen, trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y
específica propia del establecimiento, dentro
o fuera de su ámbito, deberán exigir a
sus contratistas o subcontratistas el adecuado
cumplimiento de las normas relativas
al trabajo y a los organismos de seguridad
social.”
Agrega: “Los cedentes, contratistas o subcontratistas
deberán exigir además a sus
cesionarios o subcontratistas el número del
Código Único de Identificación Laboral de
cada uno de los trabajadores que presten
servicios y la constancia de pago de las
remuneraciones, copia firmada de los comprobantes
de pago mensuales al sistema
de seguridad social, cuenta corriente bancaria
de la cual sea titular y una cobertura
por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad
del principal de ejercer el control sobre
el cumplimiento de las obligaciones que
tiene los cesionarios o subcontratistas respecto
de cada uno de los trabajadores que
presten servicios, no podrá delegarse en
terceros y deberá ser exhibido cada uno de
los comprobantes o constancias a pedido
del trabajador y/o de la autoridad administrativa”.
Finalmente dice esta modificación: “El incumplimiento
de alguno de los requisitos
hará responsable solidariamente al principal
por las obligaciones de los cesionarios,
contratistas o subcontratistas respecto del
personal que ocuparen en la prestación de
dichos trabajos o servicios y que fueren
emergentes de la relación laboral incluyendo
su extinción y de las obligaciones de la
seguridad social. Las disposiciones insertas
en este artículo resultan aplicables al régimen
de solidaridad específico previsto en el
artículo 32 de la ley 22.250”.
Como se puede advertir, la reforma agrega
datos precisos que deben requerirse a los
contratistas como complemento de la exigencia
que el principal debe exigir en cuanto
al adecuado cumplimiento de las normas
relativas al trabajo y organismos de la
seguridad social.
Introduce una variante importante: es el
incumplimiento de alguno de los requisitos
del artículo lo que hará responsable solidariamente
al principal por las obligaciones
de los cesionarios.
Esta reforma contiene además otra novedad.
La solidaridad respecto del personal
que ocuparen en la prestación de tales
trabajos o servicios alcanzará a las obligaciones
emergentes de la relación laboral
incluyendo su extinción y a las obligaciones
de la seguridad social, dejando así
de referirse a los contratos entre el principal
y el contratista, razón por la cual podría
llegar a interpretarse que las obligaciones
solidarias pueden extenderse a cuestiones
que exceden las posibilidades de control
del principal y que están relacionadas con
aspectos extraños al vínculo entre el principal
y el contratista (despidos con justa
causa; eximición de tutela; maternidad y
otras).
Una razonable interpretación del Plenario
“Ramírez” al que me estoy refiriendo en el
primer párrafo de esta nota sería admitir la
acción del trabajador contra quien considerase
su deudor solidario, sin trabar la litis
con su empleador directo, en tanto no se
afectasen las garantías constitucionales
concernientes a la defensa en juicio, al
debido proceso y a la exigencia de la
legalidad, aspecto este último que obliga a
ceñirse restrictivamente al texto de la actual
artículo 30 de la LCT.
Como lo ha reconocido la Corte Suprema
de Justicia en diversos fallos, entre otros
“Rodríguez c. Embotelladora” (fallos
316:713) en abril de 1993, las gravísimas
consecuencias que derivan de la extensión
de responsabilidad patrimonial a terceros
ajenos, en principio, a la relación sustancial,
requiere la comprobación rigurosa de
los presupuestos fácticos contemplados en
el artículo 30 LCT.
En conclusión, el progreso derivado de
las nuevas formas de trabajo y de la
organización de las empresas con base
en la complementación, colaboración y
segmentación en unidades técnicas independientes
lícitas, no debería ser desalentado
con interpretaciones de la jurisprudencia
que pudieran resultar contrarias
a una realidad encuadrada en el
marco legal específico. Si así ocurriese
resultarían contraproducentes para las necesidades
de inversiones genuinas que generen
y mantengan puestos de trabajo,
máxime cuando como en el texto expreso
del actual artículo 30 LCT caben soluciones
apropiadas y conducentes.