Abuso_sexual_infantil_digital uruguay

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Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia
entorno social en el que se mueven y pueden pertenecer a las escalas socioeconómicas
más altas de la comunidad en que viven. Esto, nuevamente,
debe recordarnos que una lista de factores de riesgo debe ser tomada a título
meramente ilustrativo e informativo, pero no determina por sí misma la
posibilidad de que el asi haya ocurrido o no.
Desde el punto de vista social y comunitario también se ha trabajado
para identificar algunos factores de riesgo para el asi (Save the Children,
2001; Center for Disease Control and Prevention, 2014):
– Alta tolerancia a la violencia sexual en la comunidad en que se habita.
– Políticas y leyes débiles relacionadas con la igualdad de género.
– Altos niveles de tolerancia al delito en general.
– Normas y comportamientos sociales que apoyan la violencia sexual,
la superioridad masculina y su derecho al ejercicio irrestricto de su
sexualidad, y la sumisión sexual femenina.
– Aplicación de penas mínimas a los agresores sexuales.
– Fracaso en los programas de sensibilización social relacionados con
el tema.
– Involucramiento de las fuerzas de orden y control en actividades delictivas,
o pasividad excesiva ante estas, que favorece la circulación
de niños, niñas y adolescentes por circuitos locales de explotación
sexual con fines comerciales.
Existen argumentos que desde lo social y lo comunitario también constituyen
un factor de riesgo para la perpetración de tales conductas, como,
por ejemplo, la idea de que en el campo (o en lugares rurales, o en el interior
y lejos de los cascos urbanos más densamente habitados) es común que los
padres inicien a sus hijas en las relaciones sexuales. Es fundamental tener
en cuenta que lo habitual no necesariamente es sano: en una ciudad puede
ser común que los automovilistas no respeten la luz roja del semáforo, pero
esta práctica, más allá de ser habitual, no solo es riesgosa para todos aquellos
que circulan, sino que además no es legal. Cuando los miembros de la comunidad
sostienen estas creencias, fallan a la hora de actuar como posibles
agentes de protección de los niños y niñas, ya que no encuentran razones
para denunciar hechos de esta índole de los que tomen conocimiento. Sin
embargo, el problema es más grave si estos argumentos son sostenidos en
las instituciones de dicha comunidad —desde escuelas y puestos sanitarios