REVISTA PESCA DICIEMBRE 2019

EL FIN DE UN CICLO HISTÓRICO EN
Por Patricio Fernández
CHILE
A las 2:25 de la madrugada del viernes 15 de noviembre,
después de casi 30 horas de sesión parlamentaria,
el presidente del senado chileno leyó el acuerdo alcanzado
entre todas las fuerzas políticas para la elaboración
de una nueva constitución. En abril de 2020, se organizará
un plebiscito de entrada para que los chilenos voten
si aprueban o no la creación de una nueva carta magna
y, en caso de votar que “sí”, escoger el mecanismo mediante
el cual debiera llevarse a cabo: una Convención
Constituyente conformada por parlamentarios y civiles o
una Asamblea Constituyente compuesta solo por ciudadanos
elegidos para este fin.
Apenas un mes atrás, costaba imaginar que la derecha
chilena fuera capaz de renunciar a su añeja
lista de principios y que la izquierda abandonara
esa vanidad que la llevaba a preferir una selfi en
medio de las manifestaciones que asumir la responsabilidad
de conducir sus causas. Ese día, sin
embargo, los políticos nos sorprendieron.
Hoy, Chile está dando muestras de un republicanismo
que parecía muerto.
La demanda por una nueva constitución que reemplace
la actual, nacida en la dictadura de Augusto Pinochet, se
arrastra desde la recuperación de la democracia, en los
años noventa. Durante los gobiernos de la Concertación
—la alianza de centroizquierda que lideró la transición—
sufrió múltiples transformaciones y reformas, sin jamás
subsanar su pecado de origen.
La constitución de 1980 representa desde el fin
de la dictadura el último bastión ideológico de la
vieja derecha de tiempos de la Guerra Fría: poco
Estado, mucho mercado y una defensa integral de
la propiedad privada como valor supremo. Reescribirla
implica aceptar el fin de un ciclo histórico.
En este mes de agitación, buscando calmar los ánimos,
el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cambió de gabinete,
el ministro de Hacienda acordó con senadores de
centro izquierda una reforma tributaria para aumentar la
recaudación y financiar una agenda social, algunas empresas
se comprometieron a que nadie gane más de diez
veces que otro, se decidió limitar la reelección de los
congresistas y bajar sus dietas, el gobierno firmó un proyecto
de ley para establecer el sueldo mínimo en
350.000 pesos chilenos (aproximadamente 460 dólares)
y puso sobre la mesa una serie de ideas para corregir los
altos costos de los medicamentos, de la luz y las bajas
pensiones. Pero ninguna de estas promesas lograron
aplacar el enardecimiento callejero.
La idea de una nueva constitución —que las fuerzas políticas
le boicotearon a Michelle Bachelet durante su último
mandato— resucitó con fuerza como única posibilidad
de recuperar la paz perdida. Más de un 80 por ciento
de los chilenos ha dicho ser partidario de cambiarla. A
medida que las esquirlas del estallido social se expandían,
reclamar el reemplazo de la constitución consiguió
sintetizar todas las causas dispersas en la protesta. Si
ahora sucumbe ese resabio del pinochetismo es porque
las movilizaciones impusieron la urgencia de abocarse a
un nuevo pacto comunitario.
La revuelta reveló que el modelo económico de mercado
neoliberal instaurado durante la dictadura y continuado
por la Concertación no daba para más, que así como lo
conocimos no podía seguir. Ya no hay hambre, pero sí
desigualdad. En las calles no se grita “¡pan, trabajo, justicia
y libertad!” —como en tiempos de Pinochet, cuando
campeaban la pobreza y la marginalidad—, sino “¡el pueblo
está en la calle pidiendo dignidad!”. La pobreza se
redujo de cerca de 40 por ciento en 1990, cuando comenzó
la democracia, a menos de un 7 por ciento en
nuestros días. Los indicadores de desigualdad, sin embargo,
han variado poquísimo: el uno por ciento de la
población acumula más del 25 por ciento de la riqueza.
La generación que salió de la pobreza gracias a este mo-
Revista Pesca diciembre 2019 101