INDUSTRIALES_ABRIL 2024
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POR JOSÉ JULIO BALMACEDA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ENERGÍA<br />
cal 2027, además de los aproximadamente $4,830 millones de<br />
montos vencidos y actualmente vencidos hasta el final del año<br />
fiscal 2023″. Pagar las obligaciones de deuda no reestructuradas<br />
de la AEE a corto plazo requeriría aumentos de tarifa de<br />
aproximadamente 6 a 7 ¢/kWh en dólares reales en el período<br />
de AF24 a AF27. A largo plazo, sin ninguna reestructuración,<br />
la obligación anual estimada del servicio de la deuda de la AEE<br />
sería de aproximadamente $1,000 millones al año, basada en<br />
la amortización de todos los pasivos financieros a largo plazo<br />
a una tasa de interés de 5.25% durante 20 años”. En ese escenario,<br />
el cliente residencial promedio que consume 425 kWh<br />
al mes vería aumentar su factura, aproximadamente, un 26%.<br />
Claramente, argumenta Marxuach, es algo insostenible dado<br />
el estancamiento de la economía de Puerto Rico y las altas<br />
tasas de pobreza.<br />
El proceso legal continúa conforme a los procedimientos<br />
establecidos por el Título III de la Ley para la Supervisión,<br />
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico<br />
(“PROMESA”, por sus siglas en inglés). En junio de 2023, la<br />
jueza que preside el proceso determinó que los bonistas sólo<br />
tenían un gravamen parcial sobre los ingresos de la AEE y que<br />
existían riesgos significativos asociados con otros remedios<br />
que pudieran solicitar (por ejemplo, el nombramiento de un<br />
síndico). Por lo tanto, estimó el valor de su reclamación en<br />
$2,380 millones.<br />
El 25 de agosto de 2023, la Junta de Supervisión y Administración<br />
Financiera para Puerto Rico (“JSAF”) anunció<br />
que había “presentado el tercer Plan de Ajuste enmendado<br />
para reducir más de $10,000 millones del total de reclamaciones<br />
afirmadas por varios acreedores contra la AEE en casi<br />
un 80%, al equivalente de $2,500 millones, excluyendo las<br />
obligaciones de pensiones”. Según la JSAF, el valor nominal<br />
de la deuda de los bonistas se reduciría de $8,400 millones a<br />
aproximadamente $2,400 millones. Los bonistas que apoyen<br />
el plan recuperarían (en forma de nuevos bonos) el 12.5% de<br />
su reclamo original, mientras que los bonistas que no estén<br />
de acuerdo con el plan propuesto recuperarían el 3.5% de su<br />
reclamo. Los acreedores generales no asegurados recuperarían,<br />
se supone que en efectivo, aproximadamente el 13.5%<br />
de sus reclamaciones iniciales. Las negociaciones continúan<br />
con los representantes de los pensionados de la AEE y otros<br />
beneficiarios del plan de retiro.<br />
La JSAF estima que el acuerdo con los bonistas y otros<br />
acreedores (excluidos los jubilados) supondría un aumento<br />
medio del 5% en la factura mensual de electricidad. Este estimado<br />
aumentará sin duda, dependiendo del acuerdo sobre<br />
las pensiones. Hasta ahora, un grupo relativamente grande de<br />
bonistas ha anunciado su oposición al plan propuesto y es probable<br />
que acabe presentando un recurso ante el Tribunal de<br />
Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos. Mientras<br />
tanto, la jueza del caso de Título III anunció marzo de <strong>2024</strong><br />
(mes que acaba de concluir) como fecha límite para certificar<br />
el plan de ajuste de la AEE.<br />
La Ley 57 de 2014 requiere que la AEE, ahora LUMA como<br />
su agente, prepare un Plan Integrado de Recursos (“PIR”) para<br />
un período de planificación de 20 años y lo actualice cada tres<br />
años. La ley define un PIR como “un plan de recursos que<br />
considerará todos los recursos razonables, incluyendo tanto<br />
el suministro de energía (por ejemplo, generación a escala de<br />
servicios públicos) como la demanda de energía (por ejemplo,<br />
eficiencia energética, respuesta a la demanda y generación<br />
distribuida), para satisfacer las necesidades actuales y futuras<br />
proyectadas del sistema energético de Puerto Rico y sus clientes<br />
al menor costo razonable”. En abril de 2022, el Negociado<br />
de Energía de Puerto Rico (NEPR) extendió la fecha límite<br />
para la radicación del próximo PIR hasta marzo de <strong>2024</strong>.<br />
El PIR es un documento clave ya que, de acuerdo con la<br />
ley de Puerto Rico, establece el calendario y la secuencia para<br />
alcanzar el objetivo de generación 100% renovable para 2050.<br />
Lamentablemente, los objetivos intermedios fijados en el PIR<br />
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