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INDUSTRIALES_ABRIL 2024

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BITÁCORA INDUSTRIAL<br />

POR JOSÉ JULIO BALMACEDA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />

Al proporcionar una visión integral sobre la evolución de<br />

la industria de la salud, resaltando desafíos y oportunidades,<br />

algunos temas primordiales del encuentro se enfocaron en el<br />

mercado de seguros de salud, el papel de la inteligencia artificial<br />

en la salud, los riesgos cibernéticos en el sector, las terapias genéticas<br />

y celulares, así como actualizaciones importantes sobre<br />

los programas de Medicaid y Medicare. También se abordaron<br />

facetas vinculadas con tratamientos para la pérdida de peso<br />

y los llamados “medicamentos milagro”, así como la responsabilidad<br />

ética ante pacientes abandonados en hospitales, el<br />

impacto de los cuidadores en la atención médica, y las últimas<br />

actualizaciones legislativas (locales y federales).<br />

Adultos mayores: seguridad en jaque<br />

Seguramente, entre los datos compartidos con la audiencia,<br />

2023-<strong>2024</strong>, unos 494 adultos mayores de 60 años han sido<br />

abandonados en hospitales, una cifra que podría superar los<br />

769 casos de este tipo de negligencia reportados en el pasado<br />

año fiscal 2022-2023, o los 709 que se registraron en el periodo<br />

2021-2022.<br />

¿Cómo penalizar la irresponsabilidad?<br />

En Puerto Rico es un delito, con término fijo de 3 años<br />

en cárcel, el abandonar intencionalmente a una persona de<br />

65 años o más que no pueda "valerse por sí misma". Y si el<br />

abandono pone en peligro la vida, salud, integridad física o<br />

indeminidad sexual de la persona se penalizará a la persona con<br />

un término fijo de 8 años de cárcel.<br />

Se considera maltrato todo tipo de abuso físico, financiero o<br />

emocional que le ocasione daño a una persona adulta mayor.<br />

el de mayor impacto social está vinculado con las severas condiciones<br />

de subsistencia que enfrentan miles de adultos mayores<br />

(un segmento poblacional con agudas necesidades que en<br />

cualquier momento impactan el devenir personal o familiar).<br />

Según la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del<br />

Censo de Estados Unidos, el 22.7% de la población en la Isla ya<br />

tiene 65 años o más, una aguda realidad que por el lado positivo<br />

abre las puertas a potenciales programas de capacitación para<br />

cuidadores profesionales (tareas que por ahora, generalmente,<br />

navegan en mares de informalidad).<br />

Como ejemplo extremo, valga mencionar que al menos unos<br />

3,763 envejecientes han sido abandonados en hospitales de<br />

Puerto Rico desde 2017, una tendencia de maltrato hacia la<br />

población de adultos mayores que continúa preocupando a<br />

múltiples sectores y que deja en evidencia la debilidades del<br />

sistema oficial para penalizar a quienes deberían asumir estas<br />

responsabilidades.<br />

Es el lamentable cuento de nunca acabar. El Departamento<br />

de la Familia (DF) señala que, en lo que va del año fiscal<br />

Este tipo de maltrato se penaliza con un término fijo de cárcel<br />

de 10 años y podría ser ocasionado por cualquier persona,<br />

inclusive personas encargadas de cuidar a la persona adulta<br />

mayor. La amenaza de maltrato también conlleva una pena de<br />

cárcel fija de 6 años. Se considera como amenaza no solamente<br />

la que se hace directamente a la persona adulta mayor, sino<br />

también la que se hace sobre otra persona o sobre los bienes<br />

apreciados por la persona adulta mayor.<br />

La subvención promedio anual que recibe el DF para atender<br />

los casos de adultos mayores es de $50 millones en fondos estatales,<br />

aunque afortunadamente este año fiscal (que comenzó<br />

en julio pasado) tal asignación subió a $70 millones ante la<br />

crisis denunciada. Presumiblemente, el costo mensual por cada<br />

adulto mayor bajo custodia del gobierno fluctúa entre $1,200 y<br />

$1,400, cantidad exacerbada ante casos con condiciones críticas<br />

de salud. Las subvenciones del DF suelen cubrir la totalidad<br />

del cuidado, pero hay casos en que se utiliza algún ingreso que<br />

reciba el beneficiario y el gobierno costea la parte restante.<br />

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