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desde el punto de vista de la infraestructura eran destinados
al uso industrial, encontrándose en los años 80, en
gran parte ociosos o subutilizados. Se regularizaron áreas
de ocupación irregular y se generaron estrategias de intervención,
habida consideración de las altas densidades y
la escasez de suelo.
Actuación específica en materia de vivienda y gestión
de suelo
· Áreas de Especial Interés Social (AEIS): Después
de un proceso de negociación entre técnicos, ediles y
movimientos populares, la administración municipal estableció
dos tipos de AEIS: áreas vacías, destinadas a nuevos
núcleos habitacionales populares y, áreas ocupadas,
por villas miserias a ser reorganizadas. En las AEIS sólo se
permitiría la localización de viviendas para la población de
menores ingresos (familias con ingresos de hasta 10 salarios
mínimos), ampliando así la oferta de tierras para esa
sector socioeconómico.
· Consejo de la Vivienda: Surgido en 1993, a partir
de un encuentro centrado en el tema de la vivienda, para
definir la política a implementar en los siguientes cuatro
años, era el órgano más importante para definir dónde
asignar los recursos para viviendas de interés social. El
Consejo nace bajo el compromiso de implementar las decisiones
acordadas durante el encuentro. El Consejo tenía
funciones deliberativas, presidido por el Secretario Municipal
de la Vivienda; su Secretario Ejecutivo, era el Director
Municipal de la Vivienda. Además, era integrado por
DOCUMENTO DE TRABAJO INVI
un representante del área de vivienda de la Municipalidad,
un representante de la Cámara de los Alcaldes, uno de la
Secretaría de Finanzas y cinco de las organizaciones populares,
elegidos en forma directa. Cada representante
tenía un mandato de 2 años.
· Generación de estrategias para desconcentración de
la propiedad, cuyo uso se destinaba principalmente a actividad
industrial, lo cual provocaba una disfunción del mercado
inmobiliario en terrenos de alto costo y bien servidos.
Actores del proceso de gestión habitacional en el
territorio
· La Municipalidad definió, juntamente con los movimientos
populares, criterios de elegibilidad para el acceso
a las AEIS. Las familias deberían tener ingresos de hasta
10 salarios mínimos, no poseer ningún inmueble y residir
en el Municipio. Además, debían estar organizadas en asociaciones
legalmente constituidas, las cuales se
responsabilizarían por el contrato de adquisición de los
terrenos a ser ocupadas. La implementación no fue pacífica,
porque los propietarios de la tierra se resistieron al
hecho de que su propiedad fuera declarada de uso limitado
a viviendas de interés social. Entendían que esto desvalorizaba
su propiedad y argumentaban que el municipio
perdía posibilidades de generación de empleo, a medida
que reducía las posibilidades de instalación de la industria.
· A pesar de la resistencia de los propietarios, inclusive
en la Cámara Municipal, donde algunos alcaldes los
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