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De esta manera, el imaginario liberal definió el ordenamiento de la
sociedad como «una esfera por cuyo centro pasa una línea que la divide en
dos mitades: una era la sociedad pública, y la otra, la privada». La primera,
para los varones, la segunda para las mujeres, todos heterosexuales, claro
está (Bravo y Landaburu, 2000: 216).
Cabe agregar que los autores de la legislación de la mayoría de los
países de América Latina, tenían la fuerte influencia de las doctrinas historicistas
en relación a la ley, es decir, que las nuevas disposiciones «no debían
anticipar a los usos y costumbres gestados con una fuerte influencia de la
iglesia católica» (Cicerchia, 2001: 17).
Por lo tanto, no es casual que encontremos fuertes persistencias coloniales
en la normativa de los nuevos códigos, en el marco de una nueva
lógica jurídica en que la costumbre y el «arbitrio judicial» ya no tenían vigencia
y las reglas se interpretaban siguiendo la escuela de la exégesis. Así lo
evidenciamos tanto en el Código Civil como en los Códigos Penales de 1887
y 1922.
Dalmacio Vélez Sársfield, delineó en el Código civil –que entró en vigencia
hacia 1871– roles y espacios en los que iban a jugar varones y mujeres.
Basado en un derecho mayormente «no secularizado», reprodujo normas
y valores que constituyeron el tejido del discurso hegemónico de la domesticidad
con respecto a las mujeres, y el de la hegemonía del espacio público
por parte de los varones, al mismo tiempo que los convirtió en «dueños»
de la familia y de los bienes de sus integrantes.
Este discurso jurídico, teñido de influencias teológicas, había sido aprendido
por el codificador en las aulas de la Universidad de Córdoba conducida
por el clero secular.
En este sentido, la familia se consideró, como otrora, fundamento del
«orden social». Sólo en su seno podían formarse «buenos ciudadanos». De
allí que Vélez Sársfield reguló específicamente el matrimonio y la familia, por
considerarla de orden público (Arnaud-Duc, 2000).
Ahora bien, el «modelo» de familia que entendió como viable, no fue
otro que el vigente hasta entonces: una familia que debía constituirse a partir
de la existencia de un matrimonio monogámico –siguiendo las solemnidades
del derecho canónico y/o de otras religiones oficialmente reconocidas–, cuya
cabeza principal era el marido, investido de amplios poderes tanto para dirigir
a la mujer y los hijos, como para administrar la sociedad conyugal, dentro
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