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Matrimonio, Estado y Ciudadanía
El matrimonio es una institución compleja en la que se articulan expectativas
variadas y significados múltiples. Reconociéndole una amplia trayectoria
histórica (Coontz, 2006), importa concentrarnos sobre la conyugalidad
contemporánea, colocada en el contexto de la familia moderna (Shorter, 1975;
Henslin, 1980; Duarte, 1995; Fonseca, 1995; Cicerchia, 1998; Peixoto, de
Singly y Cicchelli, 2000; Cicerchia y Bestard, 2006) e indagar sobre su regulación
estatal en Argentina. La revisión del tratamiento estatal del matrimonio,
a través de la legislación al respecto, procura comprender este instituto
de vasto alcance jurídico: en los ámbitos de filiación, adopción, sucesiones,
contratos, políticas fiscales, aspectos migratorios, de salud y trabajo, entre
otros (Fernández Valle, 2010). Para ello, se recurre al Código Civil que es
donde en nuestro país se establece el matrimonio y la mayoría de sus alcances.
Tomaremos la figura del matrimonio ya que si bien el Estado argentino
reconoce otros arreglos conyugales como el concubinato, las parejas de hecho
y las uniones civiles –en algunas jurisdicciones–, todas estas figuras adoptan
como referencia el matrimonio, siendo institutos claramente «menores» –
en términos de derechos y obligaciones, y de jerarquía– respecto de la institución
matrimonial. No existe en nuestro país una figura como la del Pacto
Civil de Solidaridad francés, que reconozca vínculos no conyugales o erótico-afectivos
2 .
La perspectiva que orienta el trabajo no es jurídica, sino política, por lo
que hablaremos de la conyugalidad como un dispositivo político de regulación
de la sexualidad. Interesa privilegiar esta dimensión política para evidenciar
la intervención de lo político en la construcción de subjetividades. A la
vez para cerrar, hacia el final de este texto, recuperando cómo la conyugalidad
participa de las disputas en torno a lo político, específicamente en lo
referido a la demanda de inclusión de las parejas gays y lésbicas en el matrimonio.
Nos ocuparemos entonces de las normas establecidas, y de los discursos
que pretenden inscribirse políticamente para sostenerlas o subvertirlas.
En la regulación de la conyugalidad el Estado establece qué vínculos
basados en determinadas relaciones erótico-afectivas son «válidos» y por lo
tanto, merecedores de reconocimiento, y cuáles en cambio «fallan» o no son
«felices» –en el sentido de Austin, de no constituir actos performativos bien
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