sexualidades-desigualdades-y-derechos

noce directamente el conflicto entre la mujer y la vida intrauterina, y se ponderan
los intereses en juego, mientras que en otras se utiliza el criterio de
inexigibilidad de conductas, sin aplicar, al menos directamente, el criterio de
la ponderación. Asimismo, tanto en el modelo de indicaciones como en el de
plazos, conviven elementos de despenalización y legalización. El primer modelo
se aparta de la penalización en ciertas situaciones, las que no son necesariamente
tratadas como habilitadoras de derecho, pero sí sometidas a una
reglamentación que fija las condiciones de acceso. La definición de los abortos
permitidos como derechos de las mujeres, así como generadores de obligaciones
del Estado y los servicios de salud, está vinculada al sistema de
salud, a la tradición jurídica y al marco de servicios/derechos sociales de
cada país 42 .
Los regímenes legales sobre el aborto son variados, pero en términos
generales, además de los criterios recién descriptos, un criterio clasificador es
el grado de poder y participación otorgada a los médicos, a terceras personas
vinculadas a las mujeres, a las instancias hospitalarias o judiciales, sumado al
tratamiento dado a las adolescentes. Casi todos los ordenamientos jurídicos
legitiman el rol de las profesionales de la salud, especialmente de los médicos.
Esto, como comenté, ha traído una serie de inconvenientes y discusiones.
En ocasiones ese sistema de autorizaciones y requisitos –el aval de un
comité interdisciplinario, el consentimiento de la pareja, el tiempo de espera
obligatorio, entre otros– que la mujer debe atravesar en un servicio de salud
para practicarse un aborto, adquiere la forma de barreras de acceso que
producen mutaciones fácticas del modelo de aborto previsto en la norma
base (Ramón Michel, 2011b).
El mapa del mundo y la situación legal de América Latina
Entre 1995 y 2007, 17 países 43 han liberalizado sus regímenes legales,
mientras que sólo unos pocos los han restringido 44 . Es así que actualmente el
aborto está permitido –en el derecho, en los libros– en 70 países, lo que
representa el 60% de la población mundial (Marie Stopes International e
Ipas, 2009). Respecto a esto, también cabe señalar que el mapa mundial
muestra que en los países desarrollados predomina el modelo de plazos o
mixto, mientras que en los países en desarrollo o no desarrollados aun se
conserva la tendencia a modelos menos flexibles.
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