sexualidades-desigualdades-y-derechos

Civil– que permitieran acoger a las parejas homosexuales, brindando cierta
cobertura legal, pero preservando algunas potestades –sobre todo la adopción–
y el rótulo de «matrimonio» para las parejas heterosexuales, garantes
de mantener la coherencia entre sexo, género y orientación sexual propia del
sistema heteronormativo.
Es en este escenario, por tanto, que se planteó el debate sobre la posible
inclusión de las parejas gay-lésbicas en el matrimonio: no era una discusión
en torno a la institución matrimonial y su lugar en la asignación del
bienestar. Si bien durante el debate algunos diputados plantearon por qué los
beneficios derivados del matrimonio no podían ser extensivos a otro tipo de
«uniones familiares», como la de dos hermanos o amigas, este tipo de argumentos
no fueron retomados. Tampoco se tomaron en cuenta otras críticas a
la institución matrimonial, tal como estaba –y continúa– establecida. Por ejemplo,
en lo que hace al requisito de fidelidad mencionado en el apartado anterior.
Por sobre todo, ya no se trataba de obtener o no los derechos –que,
excepto la adopción, parecían aceptarse de manera más o menos consensuada
o tolerada–, sino de los significados de la igualdad y las políticas particulares
para concretarla. La igualdad que se pondrá en debate a partir del
reclamo de matrimonio es una igualdad política, antes que «contrastiva». Las
discusiones sobre matrimonio civil operaron de ese modo como un escenario
de disputa en torno a cómo conciliar el reconocimiento de una sociedad
diversa y plural junto con la igualdad de derechos y el acceso equitativo a la
ciudadanía. Entonces la demanda comenzaría a ser nombrada y reconocida
bajo un nuevo rótulo: «matrimonio igualitario».
A modo de cierre
La demanda de reconocimiento legal de parejas gays y lésbicas puso
en cuestión la naturalidad de la institución matrimonial y su carácter privado,
al señalar la imbricación entre matrimonio y ciudadanía: el matrimonio en
tanto vector de derechos plantea una asimetría en el acceso igualitario a la
ciudadana en su titularidad –hay derechos que en realidad son privilegios
para quienes acceden a la institución matrimonial– y en las condiciones para
su ejercicio –formal e informalmente, en tanto existe estigma y discriminación
a quienes «no forman» una familia–. Inscribiéndose en el lenguaje de los
244