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niños y niñas, entre varios otros. Sin embargo un eje logró «definir» el asunto:
los significados de la igualdad.
Los estudios sobre políticas públicas insisten en que la manera en que
sea definida una cuestión puede determinar que logre visibilizarse y obtener
consenso general acerca de la necesidad de intervenir públicamente sobre
una situación caracterizada como problemática (Cobb y Elder, 1984; Aguilar
Villanueva, 1993). Cómo un asunto sea «definido» condiciona los interlocutores
pertinentes en un debate, la gama de respuestas estatales posibles y el
marco general del debate para los actores participantes del mismo. En esta
línea, pero desde el estudio de los movimientos sociales, Koopmans y Statham
refieren a una «estructura discursiva de oportunidades» que «determina
qué ideas son consideradas ‘sensibles’, qué construcciones de la realidad son
vistas como ‘realistas’ y qué reclamos se toman como ‘legítimos’ en el marco
de una política en cada momento específico» (Koopmans y Statham, 1999:
228). En este caso, la dinámica entre discursos propulsores y discursos reactivos
hizo del debate una discusión en torno los significados de la igualdad.
El principio de igualdad fue el eje central sobre el cual los propulsores
articularon la demanda de matrimonio. «Los mismos derechos con los mismos
nombres» era el lema que hacía énfasis, más que en el instituto reclamado,
en la necesidad de deslegitimar prácticas discriminatorias hasta entonces
sostenidas por el Estado. Esta definición del asunto «enmarcó» 13 la demanda
inscribiéndola históricamente y haciéndola inteligible a través de la asociación
con otras análogas como el voto femenino o la equiparación sancionada
en la década de 1980 entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio.
Paradójicamente, esta definición del asunto en términos de igualdad
se verá reforzada a partir de las estrategias del discurso opositor. Sobre este
eje girará el debate, no por exclusiva voluntad de sus propulsores, sino especialmente
por la dinámica impuesta por los detractores de la iniciativa, y en
particular por el argumento central de la oposición al matrimonio gay-lésbico:
la llamada «discriminación justa». Desde esta perspectiva, las uniones
homosexuales serían diferentes en cuanto a su composición y fines respecto
de las heterosexuales y por lo tanto, no debiera otorgárseles el mismo estatus
jurídico. Para mostrar la voluntad de otorgar derechos a las parejas homosexuales,
estos sectores contrarios al matrimonio propusieron entonces lo
que combatían hace unos pocos años: otras figuras jurídicas –como la Unión
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