sexualidades-desigualdades-y-derechos

tación social de diversos intereses y prácticas en el campo de la sexualidad y
reproducción (UNFPA, 2008).
Otro de los ejes en los que se debe de hacer foco en la región a la hora
de abordar la inserción del enfoque en estudio, es el relacionado a los roles
de los poderes judiciales en los sistemas democráticos de gobierno y sus
posicionamientos en relación al derecho a la salud sexual y reproductiva. En
esta línea se encuentran una serie de resoluciones judiciales que plantean un
importante distanciamiento de los marcos de DDHH en los que se inserta el
derecho a la salud sexual y reproductiva (Villanueva Flores, 2006; Facio, 2008;
Motta y Saez, 2008). Del estudio de la jurisprudencia regional, pareciera evidenciarse
la existencia de cierta tendencia en la jurisprudencias nacionales en
la que los/as jueces/zas interpretan las leyes relacionadas con la salud sexual
y reproductiva a través de filtros morales y religiosos que perpetúan discriminaciones
contra determinados sectores de las sociedades, entre las/os que se
destacan las mujeres, los/as niños/as y personas de la diversidad sexual (Center
for Reproductive Rights, 2003) 8 .
Ahora bien, no obstante lo anterior, existen también lecturas que dan
cuenta de que pese a las experiencias narradas anteriormente, es posible
rescatar cómo el uso del derecho constitucional de los DDHH ha resuelto de
modo favorable casos en los que se han discutido demandas que involucraban
distintos ejes del derecho a la salud sexual y reproductiva. En este sentido,
se destacan los fallos emitidos por las Cortes Constitucionales de Colombia
–2006– y México 9 –2008–, donde, a través de la implementación de normativa
internacional de DDHH, se logró determinar el derecho, con distintos
matices, al acceso de parte de las mujeres a la interrupción voluntaria del
embarazo (Restrepo Saldarriaga, 2010).
Otro de los puntos que merece especial consideración en miras de
lograr la efectivización del enfoque de DDHH en las políticas de salud sexual
y reproductiva a nivel regional, es el referido a la situación específica de los/
as jóvenes y adolescentes. En América Latina y El Caribe, la población comprendida
entre los 10 y 24 años de edad representa un 30 por ciento del total
de la población regional, y los/as adolescentes de entre 11 y 19 años, un 20
por ciento (Peláez Mendoza, 2008). El mayor porcentaje de personas bajo la
línea de la pobreza en la región tienen menos de 30 años de edad (Morlachetti,
2007). En líneas paralelas, se denota que la temática del embarazo
adolescente y la mortalidad materna se consigna a la vez como causa y efec-
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