sexualidades-desigualdades-y-derechos

identifica entre los grupos que pueden verse expuestos/as potencialmente a
actos de violencia, a las/os niños/as lesbianas, gays, transgénero o transexuales,
los/as que considera pueden estar expuestos/as a sufrir prácticas tradicionales
nocivas en virtud de su preferencia sexual y/o identidad de género (Párr.
72.g).
Por su parte, el ya citado relator del derecho a la salud, Paul Hunt
(2004), se refiere a la incidencia de las tradiciones en el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva de parte de jóvenes y adolescentes: «Algunas
opiniones tradicionales en materia de sexualidad obstaculizan a la prestación
de servicios de salud sexual y reproductiva, como el suministro de información
fiable, y tienen un efecto especialmente nocivo para los adolescentes»
(Párr.14).
VI. Reflexiones Finales
Del análisis de las construcciones esgrimidas por los órganos internacionales
de DDHH en torno a la salud sexual y reproductiva, y de los diagnósticos
existentes sobre la materia en la región, surge como prioritario, para
cualquier tipo de abordaje desde las políticas públicas, dimensionar el fuerte
contraste entre las poblaciones que la habitan, así como las distancias entre
los acuerdos formales sancionados y su real concreción.
Las diferencias dadas por el género, la etnia, el acceso a recursos socioeconómicos,
el género, la identidad sexual, la raza, entre otros, justifica
imperiosamente la aplicación de abordajes, como el propuesto en esta oportunidad,
que permitan encauzar las políticas públicas hacia la consecución de
un efectivo acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva, tendiente a su
vez a lograr una mayor inclusión social.
La ratificación de parte de los Estados de los tratados internacionales y
regionales de DDHH, y en el caso de varios países de la región, la incorporación
de éstos a los textos constitucionales 35 , no son dables de quedar en
meras declaraciones de buenas intenciones. Los derechos económicos, sociales
y culturales constituyen derechos judiciables de parte de los particulares,
y los Estados no pueden argüir su no cumplimiento bajo las excusas de
que los mismos devienen en meras declaraciones de índole política, y/o en la
214