sexualidades-desigualdades-y-derechos

ausencia del derecho a la anticoncepción– que también integran la ciudadanía
sexual.
Por su parte, en el análisis del articulado, los derechos sexuales también
se vinculan a la prohibición del tráfico o trata de personas y de la violencia
sexual en protección del libre ejercicio de la sexualidad tanto en el ámbito
público como privado, y particularmente se establece la igualdad –prohibición
de discriminación– en razón de la orientación sexual e identidad de
género –al igual que en el caso de Ecuador, y a diferencia de Argentina y
Venezuela–.
En particular, se destaca como loable en estos artículos: el lenguaje no
sexista, el reconocimiento y prohibición de discriminación en virtud de las
identidades de género y las orientaciones sexuales, y la consagración específica
de los DDSSRR en el artículo 66, que incluso incorpora a los hombres
como sujetos de los DDSSRR sin enfatizar ni vincularlos estrictamente con la
noción de familia tradicional.
Por último, si bien por razones de extensión no nos adentraremos en
un análisis particular, se vuelve necesario mencionar un aspecto relevante
vinculado al reconocimiento de los DDSSRR: la laicidad o religiosidad del
Estado. En este sentido, las Constituciones latinoamericanas desde el siglo
XIX se inspiraban en el modelo dominante del conservadurismo, disputando
sus concepciones con el liberalismo en cuestiones religiosas, y por ello se
caracterizaron en su historia por una significativa ambigüedad en la materia –
a diferencia de su predecesora, la Constitución de Estados Unidos, que establece
la tolerancia religiosa–, reconociendo a un mismo tiempo la libertad de
cultos y el sostenimiento o la religión oficial católica por parte del Estado, lo
que constituye un proyecto especifico de «moralidad» (Gargarella y Courtis,
2009) que estrictamente afecta las nociones de familia, matrimonio, reproducción,
no reproducción y sexualidad.
A partir de las últimas reformas constitucionales en los países estudiados,
resulta necesario advertir que existió una tendencia a reforzar el carácter
neutralmente religioso del Estado: en cuanto a la reforma de la Constitución
argentina de 1994, se reformó el requisito presidencial y vicepresidencial de
pertenecer a la religión católica –artículo 89–; sin embargo, se sostiene el
culto católico apostólico y romano –artículo 2–; mientras que en las últimas
constituciones latinoamericanas de Venezuela 1999, Ecuador 2008 y Bolivia
2009, la religión católica perdió su carácter oficial, se estableció la libertad de
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