sexualidades-desigualdades-y-derechos

organizaciones de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil combaten
la intransigencia de las instituciones formales a abrir el debate parlamentario,
y las barreras para incorporar la consejería pre aborto, la atención
de las complicaciones post aborto y los abortos permitidos a las políticas de
salud sexual y reproductiva (Ramón Michel, 2011a). También son constantes
las noticias sobre las contiendas entre grupos «pro-vida» y «pro-decisión» en
distintos estados de Estados Unidos, y la amenaza de un cambio jurisprudencial
por parte de la Corte Suprema que haga caer la sentencia Roe vs. Wade
de 1973. Si bien a partir de esa decisión judicial sustentada por el derecho
constitucional a la privacidad, el aborto fue liberalizado en las primeras semanas
del embarazo, la lucha en ese país ha continuado en dos niveles. En el
ámbito federal, con proyectos y leyes para limitar el uso de fondos públicos
para la cobertura sanitaria de los abortos (Henshaw et al, 2009). En el ámbito
local, distintos estados han aprovechado sus competencias y han echado
mano a regulaciones, tanto legislativas como administrativas, para asegurar
o restringir el acceso al aborto (Guttmacher Institute, 2012). Esto se ha realizado
de modos directos e indirectos; respecto a los primeros, esto es, medidas
destinadas a regular el aborto, se han impuesto requisitos administrativos
–ultrasonidos obligatorias, consentimiento de la pareja, exigencias de infraestructura
a los centros de salud para acceder al aborto en los mismos (Guttmacher
Institute, 2012), o, del otro lado, se han adoptado medidas –»bubble
zones»– para evitar el ingreso de personas hostiles a las zonas cercanas a las
clínicas de aborto, para garantizar la protección de las mujeres y los profesionales
16 . Como ejemplo de medidas indirectas con gravitación en el aborto,
están las leyes que, en otros contextos jurídicos –e.g. accidentes de tránsito,
lesiones– declaran al feto como persona reconociendo la categoría legal de
daños fetales (McDonagh, 2007).
El escenario estadounidense ilustra de modo bastante claro la dinámica
contenciosa de producción legal, en el que los distintos foros institucionales
–judicial, ejecutivo, legislativo, agencias administrativas–, niveles de normativización
y regulación –constituciones, leyes, normas administrativas, sentencias–
y herramientas –veto, consulta popular, etc.– son utilizadas. Si bien
los procesos de reforma legal se generan afuera de las paredes de un parlamento
o de un Ejecutivo, una vez que ingresan a los foros institucionales
formales la disputa cambia de tono y el escenario se tensa. En general, la
decisión de colocar el reclamo en un foro institucional determinado depende,
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