sexualidades-desigualdades-y-derechos

das a «normalizar» la apariencia corporal y la inscripción registral cuando no
se trata de personas adultas capaces de consentir informadamente y por sí
mismas dichas modificaciones, sino de niñ*s intersex incapaces de brindar su
consentimiento informado en primera persona 9 (Cabral, 2009; Cabral y Viturro,
2006; Litardo, 2011).
Sin lugar a dudas, la situación legal de las personas trans* y de las
personas intersex en la Argentina no depende solamente de la patologización
–ontológica, epistemológica, pero también empírica– de su existencia, tal y
como es codificada en términos jurídico-normativos. Después de todo, la
patología como matriz de inteligibilidad de cuerpos, géneros y sexualidades
coexiste cotidianamente con otras matrices –tales como el escándalo moral,
cuando no la criminalización lisa y llana. Es preciso recordar, además, que las
cuestiones de identidad de género abordadas en este artículo se localizan en
un entramado particularmente intenso y conflictivo: aquel en el que se plantean,
disputan y negocian los derechos sexuales y los derechos reproductivos
en nuestro país. El llamado «cambio de sexo» tensiona la propiedad del Estado
sobre el cuerpo sexuado, y sexual y reproductivo versus el derecho individual
a tomar decisiones sexuales y reproductivas sobre el cuerpo afirmado
como propio y las condiciones sanitarias en las que ese derecho puede realizarse
efectivamente, así como el destino cotidiano de la diversidad corporal,
genérica y sexual (Sabsay, 2011; Pecheny, Figari y Jones, 2008).
Durante los últimos 30 años, y con escasas excepciones muy recientes,
quienes demandamos el derecho a acceder al reconocimiento legal de nuestra
identidad de género –a través del cambio registral– y el derecho a acceder
a modificaciones corporales asociadas con nuestra identidad de género, nos
encontramos frente a la necesidad de dar cuenta del cumplimiento de un
conjunto de requisitos legales –requisitos avalados, incluso, por quienes defendían
y aún defienden el acceso a esos derechos desde el marco de los
llamados «derechos personalísimos»– 10 .
A lo largo de nuestra historia contemporánea, estos requisitos han anudado
y anudan, de manera alarmante, el derecho al reconocimiento legal de
la identidad de género con la obligación de modificar el cuerpo sexuado a
través de procedimientos quirúrgicos, tratamientos hormonales y dispositivos
prostéticos capaces de asegurar, a cada tribunal interviniente, el cumplimiento
de tres verdades encarnadas: una apariencia corporal lo más semejante
posible al género «de llegada», definido legalmente en sus términos más
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