sexualidades-desigualdades-y-derechos

liar–, advirtiéndose que las/os sujetas/os protegidas/os son en primer lugar la
mujer embarazada o mujer-madre y la figura de la familia.
Al mismo tiempo, se advierte que los derechos no reproductivos se
reconocen de manera limitada, sólo en relación a la planificación familiar –
cuántos/as hijos/as tener– con ausencia de lo relativo a la anticoncepción, es
decir que la no reproducción sólo se contempla en tanto refiera a la disposición
de la sexualidad y la reproducción en el marco familiar. Todo esto en
concordancia con otros artículos que refuerzan la noción de familia tradicional
como núcleo/pilar social constitutivo, junto a la consagración de los derechos
al matrimonio para los hombres y mujeres y no para las «personas» en
general 12 .
Respecto a los derechos sexuales, sólo refieren a la prohibición de abuso
y explotación sexual –en cuanto a niños/as– y tráfico o trata de personas,
lo que implica una temática en particular que se vincula a proteger el libre
ejercicio de la sexualidad –cabiendo la distinción entre trata y trabajo sexual,
ausente de regulación y protección–.
Si bien este reconocimiento de algunos DDSSRR es loable, cabe advertir
el reconocimiento limitado y ceñido de los derechos no reproductivos y
la ausencia de protección explicita de los derechos sexuales en su extensión –
derechos de identidad de género y orientación sexual–, cuestión que retomaremos
en las reflexiones comparativas.
La incorporación de los DDSSRR en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela 1999 –y las propuestas truncas del
intento de reforma de 2007–
Venezuela constituye un proceso particular de reforma constitucional
refundacional, devenida en paradigmática para el contexto latinoamericano
cercano a la década del dos mil. Sin embargo, en la reforma de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 existen divergencias
respecto a los contextos y posteriores procesos de Ecuador –2008– y Bolivia
–2009–, particularmente en lo que refiere a un mayor énfasis en el reforzamiento
estatal en el caso venezolano, acorde al fortalecimiento institucionalpresidencial
de Hugo Chávez y en el marco de la doctrina del llamado «socialismo
del siglo XXI».
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