sexualidades-desigualdades-y-derechos

estereotipados y normativos; esterilidad, e irreversibilidad 11 . La vigilancia judicial
en cuanto al cumplimiento estricto de estos requisitos ha incluido, e
incluye, el ejercicio de prácticas institucionalizadas tales como la comprobación
pericial exhaustiva de la identidad de género, a través de entrevistas,
pruebas y observaciones psicológicas y psiquiátricas –traducidas, a su vez, en
un diagnóstico diferencial («disforia de género», «transexualismo verdadero»,
etc.)–; la verificación clínica del cuerpo sexuado, extendiendo el rango de lo
verificable desde la configuración de los cromosomas, hasta el funcionamiento
de las gónadas y la exploración de los genitales; la evaluación, tanto biográfica
como expresiva, de la verosimilitud de la identidad de género auto-percibida
por la persona demandante. A través de esta modalidad de reconocimiento,
las personas trans* en la Argentina hemos sido –y, de manera abrumadora,
aún lo somos– constituidas como sujetos de una ciudadanía sexual
y reproductiva claramente menguada (Cabral y Viturro, 2006; Ventura, 2011;
Correa, Petchesky y Parker, 2008).
El derecho a acceder a modificaciones corporales asociadas con la
identidad de género auto-percibida y con la propia necesidad o el propio
deseo de corporizarla, mientras tanto, se ha visto y se ve restringido no sólo
por la renuencia judicial a otorgar la autorización requerida para efectuarlas
legalmente en Argentina, sino también por la falta de profesionales capacitad*s
para llevarlas a cabo –consecuencia directa de las décadas en las que estas
intervenciones medico-quirúrgicas han estado prohibidas–. En la práctica, el
acceso restringido o negado a modificaciones corporales solicitadas ha tenido,
y tiene, consecuencias nefastas para la situación sanitaria de muchas personas
trans* e intersex en nuestro país. Por un lado, ha producido y produce
una constante migración clínica hacia países donde el acceso a estas modificacioens
corporales es legal –paradigmáticamente, a Chile–. Esta migración
ha estado y está claramente determinada por condiciones materiales de posibilidad,
y entraña sus propias dificultades a nivel de derechos sanitarios.
Por otro lado, ha producido y produce un recurso igualmente constante al
mercado negro de cirugías y hormonas en Argentina, así como el acceso a
otros medios de modificación corporales –tal como la aplicación de siliconas–.
Estos procedimientos de modificación corporal, los únicos disponibles
para un número elevado de personas trans* e intersex, han contribuido decisivamente
a configurar el acceso a tratamientos de reducción de daño como
una urgencia sanitaria de primer orden en nuestro país –y son, es necesario
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