Vademecum

llamado bando nacional en la Guerra Civil, en el Día de las Fuerzas Armadas, o la
inauguración de un monumento a todos los caídos españoles en 1985 en Madrid. Sin
embargo, la reconciliación no alcanzó, por ejemplo, al espacio público, lleno de símbolos
de exaltación del régimen franquista. Durante los primeros dos años tras la muerte de
Franco todavía se erigieron estatuas en su honor (por ejemplo, en Guadalajara). En cambio,
después de 1977 diversas iniciativas para la retirada de la simbología franquista no
fructificaron.
Con respeto a la memoria histórica, la Transición española despierta hasta hoy muchas
controversias. Frente a quienes mantienen la existencia de un “pacto de olvido” que se
extendería no solo desde la Guerra Civil hasta la Transición, sino desde la Segunda
República, identificada como causa directa del conflicto, hay quienes defienden la postura
de que durante la Transición ni se olvidaba, ni se callaba el pasado, excepto en la esfera
política, a fin de impedir su uso como arma en la lucha política. 3 En efecto, entre 1977 y
1996 apenas se prestó interés al pasado en el discurso político. Por el contrario, fuera
de este ámbito y, en gran medida en las zonas rurales, existían grupos de personas cuyas
acciones estaban relacionadas con la memoria colectiva. El objetivo primordial de estos
grupos era proporcionar un sepulcro digno a los todavía desaparecidos: tan temprano
como 1979 habían ya surgido asociaciones que, de una forma privada, comenzaron las
exhumaciones de fosas comunes. A finales de los años noventa, se habían multiplicado
las asociaciones que, además de llevar a cabo las exhumaciones, labor dificultada por la
falta de medios económicos y especialistas en la materia, reivindicaban la memoria de
las víctimas mediante, por ejemplo, la colocación de placas conmemorativas en lugares
de memoria, y reclamaban la supresión de la simbología franquista. Estas numerosas
iniciativas ciudadanas llevaron el debate a la sociedad, de donde se trasladó al ámbito
político. No cabía duda del derecho de los españoles a conocer su pasado. Por ello, en la
medida en que existían fosas comunes sin exhumar o archivos inaccesibles 4 , estas
reivindicaciones debían atenderse desde los poderes públicos.
Así, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó en su sesión del
20 de noviembre de 2002 una proposición no de ley en cuya virtud, además de un
reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil, de la represión y del exilio, se condenaba
expresamente el régimen franquista al afirmar que “nadie puede sentirse legitimado, como
ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones
políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de
todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática” 5 .
3 Véase: Santos Juliá: Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición, en “Claves de Razón Práctica”, 129
(2003), págs. 14–24.
4 Por ejemplo, hubo quejas de historiadores relativas a que, pese a recibir ayudas públicas, la Fundación Nacional
Francisco Franco no permitía el acceso al conjunto de los fondos de su archivo. Véase Miguel Ángel Jaramillo
Guerreira: “Fuentes documentales para el estudio del franquismo”, en El franquismo: el régimen y la oposición.
Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, Guadalajara 2000, pág. 309.
5 Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 448, Serie D: GENERAL, de 29 de noviembre de 2002, pág. 12 y ss.
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