LA CUESTIÓN BAHÁ'Í - Baha'i International Community

En 2003, unos 23
bahá’ís de unas
18 localidades
iraníes se vieron
sometidos a arrestos
y detenciones
arbitrarias por
breve plazo. En
todos los casos, las
autoridades iraníes
citaron a estas
personas por ser
bahá’ís, y sólo las
pusieron en libertad
tras interrogarlas
sobre sus creencias.
continua de encarcelamiento que pesa contra los bahá’ís de
Irán, así como del grado en que el sistema legal está predispuesto
en contra de ellos. En 1995, Mahrami era llamado a
comparecer por primera vez ante el Tribunal Revolucionario
Islámico de Yazd, donde se le preguntó por su afiliación a
la Fe bahá’í. El Tribunal celebró varias audiencias con el Sr.
Mahrami a fin de persuadirle de que renunciara a sus creencias.
Ante su negativa, se le acusó de apostasía. En 1996,
fue sentenciado a muerte. Puesto que sus herederos no son
musulmanes, sino bahá’ís, las propiedades y pertenencias le
fueron confiscadas. Tras la apelación cursada ante el Tribunal
Supremo por su abogado, las autoridades iraníes anunciaron
que el Tribunal había rechazado el veredicto del Tribunal
Revolucionario, por lo que se remitía el expediente a un
tribunal civil. Sin embargo, en 1997 el Tribunal Supremo
confirmaba la sentencia de muerte (comunicada oralmente
a sus familiares). Finalmente, en 1999 la Comunidad Internacional
Bahá’í era informada oficiosamente de que, gracias
a una amnistía presidencial, la sentencia del Sr. Mahrami
quedaba conmutada por otra de cadena perpetua.
El gobierno se ha valido de los tribunales para reforzar la
idea general de que los bahá’ís son ciudadanos de segunda
clase. Con los años, son numerosas las decisiones tomadas
en contra de los bahá’ís.
En un caso reciente dirimido en los tribunales, por
ejemplo, doce demandantes elevaban una denuncia contra
un hombre acusado de asesinar a un familiar de éstos, de
religión bahá’í. El veredicto del tribunal reconocía el delito
como asesinato “cuasi-intencionado” por lo que condenaba
al acusado. Sin embargo, la sentencia, que no iba acompañada
de resarcimiento económico (el “precio de la sangre”),
condenaba al culpable a tan sólo cuatro meses de cárcel,
de cuyo cumplimiento por lo demás quedaba exonerado al
darse dicho plazo por cumplido. Tras llamar a los bahá’ís
“secta perversa” e “infieles”, el tribunal concluía que no
podían recibir compensación ni el resarcimiento económico
debido en los casos de homicidio. El veredicto es alarmante,
puesto que puede incitar a los musulmanes a creer que pueden
asesinar a los bahá’ís de Irán impunemente.
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