LA CUESTIÓN BAHÁ'Í - Baha'i International Community

fue nombrado en 1984. Tras su dimisión en 1986, vino
a sucederle Reynaldo Galindo Pohl, especialista en derechos
humanos y catedrático de derecho de El Salvador.
En 1994 le sucedía Maurice Copithorne, destacado
jurista canadiense. Desgraciadamente, como parte del
esfuerzo por implicar a Irán en un “diálogo de derechos
humanos”, la Comisión de Derechos Humanos dejó de
nombrar Representantes Especiales en 2002. En numerosos
sentidos, la situación ha empeorado desde enton-
de la Comunidad
Diane Ala’i, representante
ces.
Internacional Bahá’í ante
Naciones Unidas, se dirige
No obstante, con los años, los representantes especiales
de la Comisión han redactado para Naciones Uni-
Humanos de Naciones
a la Comisión de Derechos
das una serie de informes extremadamente importantes Unidas en Ginebra
e influyentes sobre la situación de Irán. Tras recopilar
información a partir de una amplia gama de fuentes y —en al menos cuatro
casos— tras cursar visitas a Irán, los Representantes Especiales consiguieron
catalogar todos los tipos de abusos y persecuciones que experimentaba
la comunidad bahá’í de Irán.
Por ejemplo, en su informe de 1990 ante la Asamblea General, Galindo
Pohl señalaba que había llegado a sus manos una amplia documentación
que presenta “evidencia de la discriminación, confiscación, rechazo por
parte de universidades, finalización de pensiones, solicitud de restitución
de pensiones ganadas y pagadas, negación de pasaportes y otras irregularidades”.
El informe añadía que “al parecer, la actitud hacia los bahá’ís depende
del carácter y las convicciones personales de los altos funcionarios. Ello
obliga a que, en sus actividades, los bahá’ís se mantengan en un estado
permanente de incertidumbre”.
En su informe de 1998 ante la Asamblea General, Copithorne escribía
que los reiterados informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas
contra los bahá’ís le forzaban a “concluir que no mengua la pauta de
persecución de los miembros de esta comunidad”.
Y en su último informe, dado a conocer en 2002, Copithorne manifestaba
que si bien había habido “algunos signos esperanzadores” relativos
a la “conmutación de penas de muerte” y a “la liberación de prisioneros”,
la comunidad bahá’í “sigue estando sometida al hostigamiento y discriminación
en aspectos como la educación, el empleo, el desplazamiento, el
alojamiento y el disfrute de actividades culturales, entre otros”. En aquel
entonces siete bahá’ís permanecían en prisión, decía, y “las propiedades
CAPÍTULO V: Antecedentes históricos | 75