LA CUESTIÓN BAHÁ'Í - Baha'i International Community

Farhang Mavaddat,
ejecutado en junio
de 1981, y su esposa,
Mehri Mavaddat,
encarcelada en 1980.
perseguido sistemáticamente a los bahá’ís de Irán valiéndose
de ejecuciones, encarcelamientos, tortura y una amplia gama
de medidas destinadas a empobrecer y desalojar a la minoría
religiosa más amplia del país.
Entre 1978 y 1998, más de 200 bahá’ís fueron ejecutados
por el gobierno iraní. Cientos de bahá’ís fueron encarcelados,
torturados, y decenas de miles se vieron privados de sus
puestos de trabajo, pensiones, negocios y oportunidades educativas.
Ante las intensas presiones internacionales, y en gran parte
gracias a una serie de resoluciones en materia de derechos
humanos adoptadas por Naciones Unidas, el gobierno iraní
detuvo las ejecuciones y redujo en gran medida el número de
bahá’ís detenidos en prisión.
Aunque las autoridades iraníes limitaron las formas más
visibles de violencia directamente dirigidas contra los miembros
de la comunidad bahá’í, no obstante ha proseguido con
su campaña de persecución, si bien por vías que claramente
procuran eludir la vigilancia de los organismos internacionales
de derechos humanos.
Los bahá’ís, cualquiera que sea su lugar de residencia en
Irán, continúan sufriendo hostigamiento y la amenaza de
detenciones por períodos breves. Así, en la primavera de 2005
más de 35 bahá’ís de diversas zonas eran encarcelados sin que
se presentaran cargos en su contra. Aunque muchos permanecieron
detenidos durante menos de una semana, otros
sufrieron encarcelamientos de más de tres meses de duración,
en una suerte de “rueda” de detenciones destinada principalmente
a aterrorizarlos y reprimirlos. Varios prisioneros, por
ejemplo, permanecían en celdas incomunicadas, en emplazamientos
desconocidos, mientras sus familiares trataban desesperadamente
de dar con su paradero. Además, los agentes
del gobierno realizaron pesquisas prolongadas en numerosos
hogares, incautándose de documentación, libros, ordenadores,
fotocopiadoras y demás pertenencias.
El gobierno ha intentado ahogar a la comunidad bahá’í
sobre todo sirviéndose de cortapisas sociales y económicas
de gran calado. Aparte de incidentes como la destrucción del
hogar de Mírzá Abbas Nuri, al que en abril de 2004 precedía
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